El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió este domingo 6 de septiembre a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, luego de que la funcionaria cuestionara la forma en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas fallecidas durante la Operación Azarías, en el Guaviare.
A través de sus redes sociales, Lara reconoció a la Defensoría del Pueblo como una institución aliada del Gobierno, pero manifestó su desacuerdo con el planteamiento de Marín sobre la actuación estatal frente a los grupos armados.
“La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”, escribió el ministro.
Sin embargo, cuestionó que las actuaciones del Estado fueran equiparadas con las de las organizaciones criminales.
“Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó Lara.
Lara defendió el deber del Estado de combatir a los grupos armados
El ministro sostuvo que el Estado tiene el deber constitucional de enfrentar a los grupos criminales que ejercen violencia contra la población en diferentes zonas del país.
En su mensaje, mencionó específicamente a quienes “matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”, y pidió que la Defensoría del Pueblo acompañe esa labor. “Necesitamos su voz con toda su fuerza”, manifestó.
Lara también se refirió a la política de “Paz Total”, sobre la cual afirmó: “Colombia está poniendo fin al cinismo de la ‘Paz Total’”. Según el ministro, esa política “entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país”.
El funcionario cerró su pronunciamiento reiterando que el Gobierno continuará haciendo cumplir la ley y expresando su interés en contar con la Defensoría como aliada en la protección de las víctimas.
¿Qué dijo Iris Marín sobre los cuerpos en Guaviare?
Antes de la respuesta de Lara, Iris Marín publicó un video en las redes sociales de la Defensoría del Pueblo en el que se refirió a las imágenes de la Operación Azarías.
La defensora señaló que había visto al presidente de la República caminar entre cuerpos depositados en tulas blancas de personas que murieron durante la operación. Según el reporte oficial citado por Marín, en el operativo habrían muerto 23 integrantes de las estructuras de alias Iván Mordisco, incluidos mandos de esa organización. Añadió que, de acuerdo con Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad.
Marín aclaró que su pronunciamiento no cuestionaba por sí mismo las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Su planteamiento se concentró en los límites que deben observar las actuaciones estatales y en la manera en que se comunican sus resultados.
“El Estado está en el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
La advertencia de la Defensoría sobre la dignidad de los muertos
La defensora también señaló que los muertos deben ser respetados y tratados dignamente, incluso en contextos de conflicto armado.
En ese sentido, cuestionó que los cuerpos de las personas fallecidas formen parte de la presentación pública de los resultados de una operación estatal.
“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.
Marín también hizo referencia al portal denominado Las Bajas del Tigre, del cual indicó que no se ha confirmado que sea oficial. Según explicó, allí se contabilizan muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente de la República.
La defensora recordó entonces los falsos positivos y su relación con una política que en el pasado evaluaba resultados a partir de bajas en combate. No obstante, precisó que no estaba planteando que los cuerpos de la Operación Azarías respondieran a esa lógica.
Su llamado fue a utilizar indicadores más amplios para medir la seguridad, incluyendo los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil afectada por los grupos criminales.
