La Legislatura de Río Negro sancionó una profunda reforma legislativa para el sector agroalimentario local al aprobar la nueva Ley de Carnes impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.
La iniciativa reemplaza un esquema normativo que acumulaba más de 35 años de antigüedad y establece un estándar actualizado para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los productos, subproductos y derivados de origen animal en toda la jurisdicción rionegrina.
El nuevo texto alinea las exigencias provinciales con los parámetros vigentes en el Código Alimentario Argentino, expandiendo los mecanismos de supervisión a lo largo de todos los eslabones de la cadena productiva.
A su vez, el marco regulatorio reconoce la coexistencia de distintas escalas de procesamiento, introduciendo herramientas técnicas orientadas a la formalización e inserción comercial de pequeños productores que operaban al margen del registro oficial.
Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo provincial remarcaron que la actualización responde a las transformaciones registradas en la matriz productiva rionegrina durante las últimas tres décadas.
El titular de la cartera, Carlos Banacloy, calificó la sanción como un paso hacia la modernización de la gestión pública, orientado a ganar transparencia y eficiencia operativa mediante la aplicación de criterios rigurosos de inocuidad alimentaria y trazabilidad para las diversas proteínas animales procesadas en la región.
Entre las modificaciones estructurales de la ley destaca la delimitación precisa de las competencias jurisdiccionales entre la administración provincial y los gobiernos locales.
Los municipios que dispongan de áreas de bromatología constituidas tendrán la facultad de autorizar establecimientos dedicados al tránsito municipal.
Por su parte, el Estado provincial conservará la potestad exclusiva de fiscalización sobre aquellos bienes que se distribuyan y comercialicen entre diferentes distritos.
Valor en origen
Esta descentralización operativa busca incentivar la elaboración artesanal y el agregado de valor en los centros de producción primaria.
La normativa fija requisitos específicos según la escala de cada emprendimiento, garantizando condiciones sanitarias homogéneas tanto para los cortes cárnicos tradicionales como para otros derivados de origen animal, incluyendo la producción avícola, de huevos y el sector lácteo.
El esquema institucional distribuirá las tareas de control entre diferentes organismos públicos.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo asumirá la autoridad sobre las plantas industriales y las unidades de transporte especializado, mientras que el Ministerio de Salud intervendrá en el resguardo de la inocuidad y la gestión de los registros sanitarios.
Asimismo, la Policía de Río Negro se sumará al dispositivo mediante operativos de auditoría física y control de tránsito en rutas y caminos provinciales.
La legislación sancionada contempla también la incorporación obligatoria de la figura del director técnico para los establecimientos de escala industrial o de tránsito provincial.
En forma paralela, la ley contempla mecanismos normativos para regular las prácticas de autoconsumo en establecimientos de las familias rurales y actualiza el régimen de inspecciones, fijando medidas preventivas y una escala de sanciones adaptada al nuevo contexto operativo.
La aprobación del proyecto contó con el aval parlamentario tras la presentación formal efectuada por los equipos técnicos del Ejecutivo, encabezados por el ministro Banacloy y el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi.
Con este nuevo instrumento legal, la provincia busca consolidar un marco de previsibilidad técnica que optimice las garantías sanitarias sobre los alimentos distribuidos en el mercado interno.
