Durante la primera sesión de la última Legislatura, el senador del PAN, Ricardo Anaya, lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y puso como uno de los principales ejemplos el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en prisión preventiva por una investigación relacionada con presunto huachicol fiscal.
Anaya aseguró desde la tribuna que tuvo acceso al expediente de Ruffo y que, tras revisarlo durante varias semanas junto con su equipo, no encontró pruebas que acrediten que el exmandatario haya cometido un delito.
Por ello, calificó al panista como un “preso político” y cuestionó que una audiencia relacionada con su caso se realizara en secreto, pese a que la Constitución establece el carácter público de este tipo de procedimientos.
El senador también contrastó el caso de Ruffo con la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se refirió al hablar de las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
FGR sostiene investigación contra Ernesto Ruffo por huachicol fiscal
Los señalamientos de Anaya ocurren mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Ruffo por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustibles.
La FGR informó recientemente que cateó dos bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde aseguró documentos, contratos, actas y pedimentos de importación que, según la institución, estarían relacionados con las operaciones investigadas.
La dependencia sostiene que existen indicios sobre una presunta red de contrabando de combustible y señala que 24 personas están relacionadas con la investigación, de las cuales nueve ya fueron vinculadas a proceso, entre ellas Ruffo.
La Fiscalía también rechazó tener conocimiento formal de una solicitud de la defensa para modificar la prisión preventiva por prisión domiciliaria. Asimismo, aseguró que durante su internamiento se respetan sus derechos y se le proporcionan los cuidados de salud correspondientes.
Anaya cuestiona las cifras de seguridad del Segundo Informe
Después de centrar buena parte de su intervención en Ruffo, Anaya dirigió sus críticas hacia el Segundo Informe de Gobierno presentado por Sheinbaum, particularmente a las cifras de seguridad.
La presidenta afirmó que durante su administración se ha conseguido una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos y que julio registró el promedio diario más bajo de asesinatos en 11 años.
El panista sostuvo, sin embargo, que las cifras deben analizarse de manera integral y acusó al gobierno de presentar una visión incompleta de la violencia.
Entre los datos que utilizó para respaldar su argumento mencionó:
- Una reducción del promedio diario de homicidios de 70 a 63.
- Un incremento de 15 a 40 casos diarios en otros delitos contra la vida e integridad corporal.
- Un aumento de 16 a 31 personas desaparecidas por día.
La necesidad, según Anaya, de revisar públicamente la metodología utilizada para clasificar los casos.
“A los muertos se les archiva”: la frase que marcó el discurso
Anaya afirmó que una disminución en los homicidios no significa necesariamente que hayan disminuido todas las muertes relacionadas con la violencia.
Como ejemplo mencionó a Baja California Sur, donde, según su interpretación de los datos oficiales, existiría una diferencia importante entre los homicidios registrados y otros delitos contra la vida.
“A los muertos no solo se les entierra, se les archiva”, sostuvo el senador, quien pidió una revisión técnica y pública de la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Su argumento fue que las autoridades deben contabilizar de manera transparente todas las víctimas para evitar que un cambio de clasificación produzca una percepción distinta de la violencia.
Críticas al informe también alcanzan corrupción y libertad de expresión
El legislador panista extendió sus cuestionamientos a otros dos compromisos que atribuyó al movimiento gobernante: no robar y no traicionar al pueblo.
Sobre corrupción, acusó que el llamado huachicol fiscal representa pérdidas millonarias para México y pidió crear una comisión especial de investigación con participación de la oposición.
También cuestionó los lineamientos gubernamentales relacionados con medios de comunicación y sostuvo que las autoridades no deben tener facultades para sancionar contenidos periodísticos bajo criterios que puedan afectar la libertad de expresión.
Así, el discurso de Anaya convirtió el informe presidencial en un balance crítico sobre seguridad, justicia, corrupción y libertad de expresión, con el caso de Ernesto Ruffo como uno de los principales puntos de confrontación política.
