La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible, por mayoría, el recurso extraordinario presentado por la defensa de Osvaldo “Bochi” Sanfelice, un histórico socio comercial vinculado a la familia Kirchner, y mantuvo a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que investiga la compra del Hotel Waldorf, en la ciudad de Buenos Aires. El expediente busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir el establecimiento y si el empresario actuó como eventual testaferro en una maniobra de lavado de activos.
La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Carbajo y Hornos integraron la mayoría que rechazó la vía extraordinaria, mientras que Borinsky votó en disidencia y propuso habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público Fiscal también se había pronunciado a favor de conceder el recurso.
La causa se inició en 2016 y tiene como eje la adquisición del Waldorf en 2009. La investigación reconstruyó que Sanfelice compró inicialmente el hotel “en comisión”, es decir, a nombre de un tercero no identificado, y mediante pagos en efectivo. En diciembre de 2008 se había firmado una opción de compra por USD 100.000 y, en abril de 2009, un boleto por el 88% de las acciones con un compromiso total de USD 1,75 millones. Luego, el empresario amplió su participación hasta alcanzar el 97,74% de la sociedad.
A partir de esa operación, la pesquisa puso el foco en la capacidad económica de Sanfelice para afrontar la compra, en el origen de los fondos y en sus eventuales vínculos con sociedades y contratistas de obra pública. La hipótesis judicial relevada en resoluciones anteriores sostuvo que el empresario podría haber actuado como “presta-nombre” de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Máximo Kirchner, y que el hotel habría sido utilizado como pantalla para disimular ingresos presuntamente provenientes de delitos.
El expediente había sido cerrado por el juez federal Daniel Rafecas, pero el 7 de julio pasado la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento por considerarlo “prematuro” y ordenó profundizar la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir el paquete mayoritario del hotel. En cambio, quedó firme el cierre de otra línea vinculada con una supuesta ocupación ficticia de habitaciones, que no fue recurrida.
En paralelo, se abrió un incidente sobre la continuidad de la UIF como parte acusadora. En marzo, Rafecas dispuso apartarla desde el 16 de abril de 2025, fecha en que se publicó el Decreto 274/2025, que derogó el Decreto 2226/2008, la norma que desde ese año habilitaba al organismo a intervenir como querellante en procesos penales. La Cámara Federal confirmó ese criterio, pero luego Casación lo revocó y restituyó a la UIF en el expediente.
La defensa de Sanfelice intentó llevar esa decisión a la Corte. Al resolver ahora, Carbajo y Hornos consideraron que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos”. También entendieron que la impugnación no logró demostrar una cuestión federal debidamente fundada ni un supuesto de arbitrariedad que permitiera habilitar la instancia extraordinaria.
El camarista Borinsky sostuvo una posición distinta. Consideró que mantener a la UIF como acusadora genera a la defensa “un agravio actual y concreto”, porque “amplía indebidamente la esfera de la acusación y lesiona el derecho de defensa en juicio”.
Además, entendió que existe una cuestión federal vinculada con el alcance del Decreto 274/2025 y la división de poderes. En su voto afirmó que “no corresponde que el Poder Judicial le dé a la UIF un significado y ámbito de actuación distinto a aquél que ha sido expresamente previsto por el Poder Ejecutivo en el ámbito de sus atribuciones y competencias”.
Por mayoría, Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario con costas, por lo que la UIF continuará como querellante mientras avanza la investigación reabierta sobre la compra del Hotel Waldorf.
