El despliegue masivo del sistema de reconocimiento automático de matrículas se convirtió en un tema de debate en Estados Unidos por su impacto directo en la vigilancia, la privacidad ciudadana y el papel de las nuevas tecnologías en la seguridad pública.
Las cámaras Flock Safety son dispositivos instalados en postes a orilla de las calles y rutas estadounidenses. Funcionan con la energía de paneles solares y toman fotografías de los vehículos que pasan, leen sus placas mediante inteligencia artificial, y registran el lugar y la hora del avistamiento con exactitud.
Según la compañía desarrolladora, no identifican rostros ni graban de forma continua. Además, los datos quedan almacenados en una base de datos centralizada que las fuerzas de seguridad pueden consultar para rastrear el recorrido de un vehículo de interés.
La red que construyó Flock Safety —empresa fundada en Atlanta en 2017 y valuada en USD 8.400 millones— abarca más de 120.000 cámaras activas en 49 estados, con contratos vigentes con unas 7.000 agencias policiales, el equivalente al 40% de todos los departamentos del país, de acuerdo con datos obtenidos por The New York Times.
También, se calcula que cuatro de cada cinco lectores de matrículas identificados en Estados Unidos pertenecen a esta marca, lo cual refleja la expansión e importancia que obtuvo Flock a nivel nacional.
Un sistema que permite rastrear patrones de movimiento
Cuando un agente accede al sistema, puede introducir una patente o una descripción del auto —marca, color, tipo de carrocería, calcomanías o daños visibles— y el software devuelve imágenes del vehículo junto con la hora, el lugar y la cámara que lo captó.
La búsqueda puede extenderse a cámaras de todo el país, siempre que el departamento que consulta comparta acceso a las propias. La mayoría de las agencias opera con alcance nacional. Los registros ahora se eliminan por defecto a los siete días, puesto a que antes el plazo era de 30, aunque cada departamento puede modificar ese parámetro.
Por su parte, la compañía sostiene que el sistema no asigna puntajes de riesgo, no realiza reconocimiento facial, no recopila datos demográficos y no admite búsquedas sin una investigación específica vinculada.
Cada consulta queda registrada y asociada a un usuario, lo que permite a los supervisores auditar el uso. “Flock está diseñado para ayudar a los usuarios autorizados a encontrar evidencia relevante para investigaciones sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento normativo”, indica la empresa en su sitio web.
La oposición ciudadana se extiende a más de 50 ciudades y varios estados
El rechazo a las cámaras es transversal. En lo que va de 2026, más de 50 ciudades y condados cancelaron o desactivaron sus contratos con Flock y otras empresas del sector, según relevó Politico.
Los dispositivos fueron vandalizados en al menos 36 estados: hubo casos en los que ciudadanos las derribaron, serrucharon o les dispararon. En Houston, Oakland y Grand Junction (Colorado) la policía documentó cámaras derribadas, pintadas y baleadas.
“Esta es la mayor reacción ciudadana en materia de privacidad que vi en más de 20 años trabajando en estos temas”, aseguró Jay Stanley, analista sénior del proyecto de Privacidad, Libertad de Expresión y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La base de datos que construye Flock no requiere ninguna sospecha previa de delito para registrar a un conductor. Acumula información sobre millones de personas inocentes de forma automática, reconoció Kenneth Gray, docente del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de New Haven, en declaraciones al NYT.
Casos de abuso policial aceleraron el descontento en comunidades de todo el país
Las preocupaciones no son abstractas. Un oficial de Kentucky fue detenido la semana pasada acusado de haber utilizado el sistema para rastrear a su exnovia más de 2.000 veces.
En Savannah, Georgia, seis empleados del departamento de policía fueron despedidos en agosto por abuso de las cámaras Flock, informó la filial local de ABC, WJCL. El Instituto para la Justicia, organización sin fines de lucro de orientación libertaria, documentó más de 100 incidentes de mal uso de lectores de matrículas, entre ellos casos de acoso y detenciones ilegales.
Un informe de organizaciones de privacidad y derechos civiles señala además que policías estatales y locales en Nueva York utilizaron la base de datos de Flock para responder a solicitudes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Mientras que Los Ángeles y Ohio suspendieron sus contratos con la empresa precisamente para impedir ese tipo de acceso por parte de las autoridades migratorias.
Legisladores de ambos partidos impulsan controles sobre el uso del sistema
La presión política ganó escala en las últimas semanas, con casos como el de Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, que pausó el financiamiento estatal a esta tecnología. Su par de Florida, Ron DeSantis, también fue claro en su postura sobre las cámaras y señaló: “Están fuera de control”.
Estas perspectivas no son exclusivas de referentes republicanos, porque Josh Shapiro, gobernador demócrata de Pensilvania, se manifestó a favor de un proyecto de ley bipartidista para prohibirlas en ese estado.
Sumado a esto, el senador republicano Josh Hawley, de Misuri, anunció una investigación sobre Flock Safety y solicitó documentos internos a la empresa. “Los estadounidenses no resignan sus derechos a la privacidad cuando manejan al trabajo, llevan a sus hijos al colegio o van a la iglesia”, escribió en una carta abierta a la compañía.
Mientras tanto en el Congreso, el representante republicano Keith Self, cuyo distrito queda al norte de Dallas, presentó un proyecto que exigiría a las agencias federales obtener una orden judicial antes de acceder a los datos de lectores de matrículas estatales o locales.
Investigadores y expertos legales cuestionan la constitucionalidad del sistema
Barry Friedman, profesor de derecho y director de Policing Project en la Universidad de Nueva York (NYU), sostiene que acumular una base de datos masiva de movimientos vehiculares sin apuntar a ningún delito específico viola la Cuarta Enmienda constitucional.
Los tribunales, hasta ahora, rechazaron esa interpretación jurídica, aunque advirtieron que si la expansión de la red continúa, el criterio podría cambiar.
Torin Monahan, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill especializado en vigilancia, propone como solución intermedia exigir una orden judicial para que la policía pueda acceder a los registros.
“Si tienen que probar causa probable y proteger los derechos de la Cuarta Enmienda, como ocurre con otras pruebas, me parece razonable”, dijo en New York Times. Gray, el experto en justicia criminal. A su vez coincidió en que, una orden judicial para acceder a la base de datos protegería al público del mal uso del sistema.
