Un tribunal federal de Miami abrió el martes 8 de septiembre el juicio civil en Miami contra el teniente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, acusado por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas durante los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.
La primera jornada de la audiencia comenzó con la presentación de la acusación, a cargo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y del bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.
El proceso fue promovido por las dos hijas de Urán Rojas. La demanda atribuye a Plazas Vega responsabilidad por presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas contra el magistrado, en el contexto de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) y la posterior recuperación militar del edificio.
La causa busca establecer si el entonces teniente coronel tuvo responsabilidad civil en los hechos que rodearon la muerte del juez. Las demandantes sostienen que, durante la operación militar de 1985, existió un mecanismo clandestino para identificar y separar a personas consideradas sospechosas de vínculos con la guerrilla.
De hecho, durante la diligencia del martes, una de las hijas del magistrado fue de las primeras en testificar contra el alto oficial retirado, asegurando que dicho episodio violento marcó su vida y la de su familia cuando apenas era una niña.
“Xiomara Urán subió al estrado como primera testigo de los demandantes. Es una de las hijas del magistrado Urán y demandante en el caso; testificó sobre el impacto que tuvo el la muerte de su padre en su infancia. Su testimonio continuará mañana”, señaló en un comunicado el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas.
El expediente fue presentado bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, una norma federal de Estados Unidos que habilita demandas civiles por denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo apariencia de autoridad estatal.
Según la acción judicial, Urán Rojas habría quedado atrapado en un sistema ilegal dirigido contra rehenes que las autoridades militares clasificaban como posibles guerrilleros o simpatizantes de esos grupos.
La demanda sostiene que ese esquema contemplaba la identificación de las personas, interrogatorios, desapariciones forzadas, torturas y, en varios casos, asesinatos extrajudiciales.
“Las partes presentaron sus alegatos iniciales. Los demandantes argumentaron que Plazas Vega dirigió y controló unidades militares responsables de la tortura y el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. La defensa argumentó que Plazas Vega no era responsable de la muerte de Urán”, resumió la organización de derechos humanos.
Las hijas del juez alegan que el Ejército colombiano aplicó un plan encubierto contra quienes fueron definidos como “especiales”, una categoría que, según su presentación, alcanzaba a personas bajo sospecha de afinidad con la insurgencia.
El documento judicial señala que esa clasificación aparece en bitácoras militares y policiales, además de comunicaciones internas por radio que forman parte de los elementos citados en la causa.
De acuerdo con la acusación, quienes recibían esa denominación eran apartados del resto de los rehenes y sometidos a interrogatorios violentos. Después, esas personas eran trasladadas a instalaciones militares. La demanda menciona que una de ellas estaba bajo el mando de Plazas Vega.
El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas afirmó que el litigio se apoya en esos registros para reconstruir la presunta estructura que operó durante la recuperación del Palacio de Justicia.
El juicio civil comenzó más de dos años después de que el tribunal federal de Miami aceptara la demanda contra el militar retirado.
La apertura de las audiencias habilita ahora la discusión judicial sobre las pruebas y los argumentos de las partes en torno a la actuación de Plazas Vega durante uno de los episodios más graves de la historia reciente de Colombia.
