“¿Creés que el lunes ya tengo que estar afuera?”. El mensaje lo escribió Daniel Vorcaro, propietario del desaparecido Banco Master, y lo envió al juez Alexandre de Moraes el 15 de noviembre de 2025, apenas dos días antes de su detención.
La frase forma parte de una serie de intercambios que la Policía Federal de Brasil identificó en el teléfono del banquero y que ahora sostienen una investigación contra uno de los magistrados más influyentes del Supremo Tribunal Federal.
Durante 13 días, según reconstruyó el diario O Globo, Vorcaro recurrió a De Moraes en un intento por frenar la liquidación de su banco y el avance de las causas en su contra.
Los mensajes muestran pedidos de ayuda, consultas sobre cómo actuar y gestiones para “sensibilizar” a autoridades clave. El empresario escribía los textos en un bloc de notas, les tomaba una captura de pantalla y las enviaba al magistrado mediante un sistema de visualización única, que borra el contenido después de leído.
Un pedido de ayuda horas antes de la detención en Guarulhos
El mensaje más comprometido llegó el 17 de noviembre de 2025, pocas horas antes de que Vorcaro fuera detenido en el Aeropuerto de Guarulhos, cuando se preparaba para viajar a Dubái en un jet privado. “¿Consiguió tener noticias o bloquearlo?”, preguntó. Ese mismo día cayó en la llamada “Operación Compliance Zero”, bajo sospecha de intento de fuga.
Un día antes, el 16 de noviembre, el banquero le había pedido a De Moraes que intercediera ante el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para postergar una acción que consideraba inminente. “Si Andrei logra atrasarlo para la otra semana, porque hay feriado, el banco no quiebra. Intentá llamarlo y sensibilizarlo sobre esto si te parece posible”, escribió.
Vorcaro también buscó una vía hacia el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, ante el temor de una intervención sobre el Master, que terminó liquidado dos días después. “Tenemos que encontrar la forma de desarmar esto. Dios mío”, expresó en otro de los tramos difundidos.
Las conversaciones mencionan además al procurador general Paulo Gonet y al juez federal Ricardo Soares Leite, quien más tarde firmaría la orden de prisión contra el banquero.
Para los investigadores, los mensajes revelan que Vorcaro no solo seguía de cerca el estado de la causa, sino que buscaba intervención directa ante autoridades judiciales, policiales y regulatorias para frenar decisiones que lo afectaban.
La Policía Federal confirmó que De Moraes respondió a varios de esos mensajes, aunque no logró reconstruir el contenido porque el magistrado también usó el sistema de visualización única y su teléfono no fue peritado.
El contrato de 25,5 millones de dólares que involucra al estudio de la esposa de De Moraes
Más allá de los mensajes, la investigación expone otro elemento sensible, un contrato por 131 millones de reales (25,5 millones de dólares al cambio actual) firmado entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci De Moraes, esposa del magistrado.
Según la Policía, los metadatos de un documento hallado en el celular de Vorcaro muestran que un perfil identificado como “Ministro Alexandre De Moraes” modificó la versión final de ese contrato en 2024.
El acuerdo se firmó y el Master realizó pagos sucesivos al estudio entre 2024 y noviembre de 2025, mes en que Vorcaro fue encarcelado por primera vez. En una nota difundida el martes, el estudio jurídico reconoció que pidió “informaciones” a De Moraes, “en su condición de esposo de la socia directora del despacho”, para determinar si existían “impedimentos legales” para firmar el contrato.
Cómo se destapó el caso dentro del Supremo
La pesquisa de la Policía Federal fue ordenada por el juez André Mendonça, relator de la causa Master dentro del Supremo, con el objetivo de identificar a los interlocutores de Vorcaro.
Fue Mendonça quien decidió levantar el secreto judicial que amparaba la investigación y difundir los expedientes, además de solicitar que el caso sea evaluado por el pleno del tribunal “de modo técnico y estrictamente jurídico” en una audiencia pública.
Mendonça también pidió un dictamen a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el procurador general Gonet, también mencionado en los mensajes, consideró nulo el informe policial por haberse producido sin solicitud previa de la Policía Federal o del Ministerio Público. “Los diálogos reproducidos permitirían identificar que Vorcaro no solo tuvo conocimiento previo de procedimientos de la investigación”, sino que además solicitó “la intervención ante autoridades públicas involucradas en los respectivos procesos”, sostuvo Mendonça en una de las resoluciones a las que accedió la agencia EFE.
Ante la nulidad planteada por Gonet, será el presidente del Supremo, Edson Fachin, quien defina el curso del expediente. Fachin anunció el miércoles que adoptará “las medidas necesarias” y que la decisión llegará en los próximos días, una vez concluido el análisis institucional.
“En los próximos días, concluido el análisis necesario de los hechos y observados los procedimientos institucionales pertinentes, esta Presidencia anunciará, en el tiempo debido y sin precipitación, las medidas que correspondan y sean necesarias”, afirmó durante un seminario sobre democracia.
Fachin describió el momento como de “especial gravedad” y remarcó que la investidura judicial “no confiere privilegios, sino que impone deberes, límites y responsabilidades”.
Otro juez del Supremo también bajo sospecha
La causa Master no solo compromete a De Moraes. Las sospechas alcanzan también al magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien se excusó de intervenir en el expediente por presuntos negocios inmobiliarios entre su entorno familiar y personas cercanas a Vorcaro.
La investigación expuso además contactos del banquero con autoridades del Banco Central y legisladores de distintos espacios políticos, en el marco de una trama de fraude basada en la comercialización de títulos de crédito falsos dentro del sistema financiero brasileño.
El pedido de renuncia en plena campaña electoral
La difusión de los mensajes se produce en medio de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 4 de octubre, que se perfilan como una disputa cerrada entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Este último pidió la renuncia de De Moraes tras conocerse los nuevos datos que lo vinculan con Vorcaro y calificó de “muy graves” los mensajes intercambiados.
“No tiene condiciones de seguir siendo magistrado del Supremo”, afirmó el candidato ultraderechista, uno de los principales rivales de Lula en la contienda de octubre.
El gobernador Romeu Zema, también aspirante presidencial por la derecha, fue más allá y sostuvo que De Moraes “merece la cárcel”, además de reclamar que el Senado inicie un proceso de destitución contra el magistrado.
Zema exigió también que el juez devuelva el dinero que el estudio de su esposa recibió del Banco Master.
La remoción de De Moraes figura desde hace años entre las principales demandas de la derecha brasileña, sector que responsabiliza al magistrado por su rol en la condena del ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y por las acciones judiciales que ordenó contra la difusión de noticias falsas durante las elecciones de 2022.
