El debate por el Presupuesto General de la Nación de 2027 abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso. El representante a la Cámara por Risaralda, Durguez Espinosa, del Centro Democrático, alertó sobre presuntos vacíos técnicos en el proyecto y pidió transparencia frente a los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, especialmente en el Eje Cafetero.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el proyecto presupuestal asciende a $634,9 billones y será revisado en el marco del primer debate. Sin embargo, el congresista advirtió inconsistencias en los anexos macroeconómicos, principalmente en las proyecciones de inflación utilizadas por el Gobierno.
Espinosa señaló que en distintos apartados del documento aparecen estimaciones de inflación de 6,0 %, 6,6 % y 6,8 %, una diferencia que, aunque parece menor en términos porcentuales, puede tener efectos representativos cuando se aplica sobre una bolsa presupuestal de cientos de billones de pesos.
Diferencias en cálculos de inflación
El representante sostuvo que esas variaciones podrían generar un descalce en las cuentas públicas. Según sus cálculos, si el monto total del presupuesto de $634,9 billones se está calculando con una inflación de 6 %, el valor subiría a $638,5 billones si se aplicara una inflación de 6,6 % y a $639,6 billones si se usara una referencia de 6,8 %.
La advertencia apunta a que el Congreso conozca con claridad cuáles son las variables macroeconómicas definitivas que sustentan el proyecto. Para Espinosa, la falta de consistencia entre los anexos puede afectar la discusión presupuestal, especialmente en un año marcado por la necesidad de financiar la reconstrucción tras el sismo.
El congresista pidió que el Gobierno aclare qué cifra de inflación será tomada como base y cómo se corrigieron las diferencias entre los distintos apartados del documento. La discusión es clave porque de esas proyecciones dependen cálculos de ingresos, gastos, apropiaciones y necesidades de financiación.
La preocupación también se da en medio del análisis político sobre la aprobación del monto del presupuesto. Diferentes sectores del Congreso han pedido explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la composición del proyecto, la distribución de la inversión y la capacidad real del Gobierno para atender emergencias regionales.
Preguntas por el Fondo Milagro
Otro de los puntos cuestionados por Espinosa es el origen de los recursos del denominado Fondo Milagro, anunciado por el Ejecutivo para atender la reconstrucción del país. Según el congresista, aunque el Gobierno ha hablado de una inversión cercana a los $30 billones, el texto presupuestal no detalla formalmente de dónde saldrá ese dinero.
El reparo se centra en que el Artículo 2 del proyecto, donde se fijan las apropiaciones, no contempla una partida específica para dicho fondo. Aunque los anexos lo mencionan, Espinosa pidió precisar si los recursos provendrán de traslados presupuestales entre entidades públicas o si serán ejecutados directamente por los ministerios.
Para el representante, esa claridad es necesaria para evitar sombras en la ejecución de los recursos de reconstrucción. La emergencia provocada por el terremoto exige inversiones en vivienda, infraestructura, transporte, educación y servicios básicos, por lo que el Congreso busca conocer cómo se priorizarán los proyectos y qué entidades serán responsables de ejecutarlos.
Espinosa también cuestionó las bajas partidas regionalizadas para Risaralda. Según el anexo del mensaje presidencial, el departamento aparece con $49.000 millones destinados exclusivamente al sector transporte, específicamente para la Troncal del Eje Cafetero. Esa cifra representa apenas el 0,2 % de los $16,9 billones de inversión sectorial nacional.
Ante ese panorama, el congresista pidió la publicación inmediata de la información ampliada del presupuesto regionalizado. Su objetivo es verificar qué otros proyectos de desarrollo e infraestructura se articularán en Risaralda y en el Eje Cafetero, una de las zonas más golpeadas por el terremoto.
La discusión deja al presupuesto de 2027 bajo mayor presión política y técnica. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de financiar sus prioridades y la reconstrucción, desde el Congreso piden cifras consistentes, trazabilidad de los recursos y garantías de que las regiones afectadas tendrán partidas claras para recuperarse de la emergencia.
