Panamá busca afrontar los desafíos del cambio climático al validar, por decisión unánime, el Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas.
Esta herramienta legal, desarrollada bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y con el apoyo de entidades públicas, sociedad civil y socios internacionales, busca responder a la necesidad de reubicar comunidades expuestas a riesgos ambientales, pero solo como última opción, privilegiando antes la reducción del peligro y la adaptación en el lugar de origen.
El protocolo, aprobado en la IV Reunión Ordinaria de 2026 del Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá, define criterios claros y procedimientos para identificar, evaluar y ejecutar reubicaciones de manera ordenada. Incluye seis fases que van desde la detección de riesgos hasta el cierre del proceso, abarcando también la estabilización y el seguimiento de las comunidades desplazadas.
A través de nueve principios rectores, el instrumento garantiza la protección de los derechos humanos, la no discriminación, la participación efectiva y la accesibilidad universal.
Además, establece salvaguardas para los pueblos indígenas, quienes deberán otorgar su consentimiento libre, previo e informado antes de cualquier traslado.
La transparencia, la gestión integral del riesgo y la sostenibilidad ambiental también forman parte del enfoque adoptado.
El protocolo fomenta la colaboración entre instituciones nacionales y actores locales, mediante una Mesa Nacional de Coordinación y mesas en los territorios, respetando las competencias de cada autoridad.
La directora nacional de Cambio Climático, Ana Aguilar, recalcó que la validación “no es el punto de llegada”, sino el inicio de una etapa orientada a la adopción legal y la puesta en marcha del instrumento, lo que requerirá un esfuerzo conjunto de todas las instituciones involucradas.
Para responder a la pregunta central sobre el avance, la validación del Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas en Panamá marca el comienzo de una fase centrada en su implementación legal y operativa, con el objetivo de convertirlo en una herramienta eficaz y coordinada para proteger a las comunidades vulnerables ante el cambio climático.
La versión final del protocolo incorpora aportes recogidos durante un proceso de consulta pública realizado entre abril y mayo de 2026.
Este proceso incluyó tres sesiones virtuales y trece jornadas presenciales en diez provincias y dos comarcas, con la participación de 515 personas, de las cuales el 56 % fueron mujeres y el 18% se identificó como población indígena.
El documento validado busca fortalecer tanto las capacidades institucionales como los mecanismos de coordinación y las herramientas de seguimiento.
Con ello, el Estado aspira a anticipar riesgos, tomar decisiones informadas y acompañar los procesos de reubicación de manera que se proteja a las comunidades y se eviten nuevas situaciones de vulnerabilidad.
Durante la misma reunión, la Autoridad del Canal de Panamá expuso ante el Comité los avances en el monitoreo climático e hidrológico del país, así como las medidas adoptadas frente al Fenómeno de El Niño, mostrando que la gestión integral del cambio climático es una prioridad en la agenda nacional.
Panamá enfrenta impactos crecientes del cambio climático que ya están generando pérdidas, daños y desplazamientos, particularmente en comunidades rurales, costeras e indígenas.
Entre 2012 y 2024, el país registró más de 15,000 desplazamientos internos asociados a eventos hidrometeorológicos, lo que evidencia la necesidad de contar con herramientas de política pública que permitan actuar de manera anticipada, coordinada y basada en evidencia.
En este contexto, el Protocolo propone una respuesta estructurada que prioriza soluciones en el territorio de origen, como medidas de adaptación y reducción de riesgos, y establece la reubicación como una opción excepcional, aplicable únicamente cuando no es posible garantizar condiciones de seguridad y vida digna.
El documento ha sido construido mediante un proceso técnico y participativo que incluyó la revisión de marcos normativos, consultas sectoriales, trabajo de campo y el análisis de experiencias recientes de reubicación en el país, como en la comarca Guna Yala y en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.
