El anuncio de la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurre en un escenario marcado por cuestionamientos a la respuesta estatal frente al avance de la delincuencia. El oficial dejará el puesto en los próximos días y, según su propia versión, Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la institución, asumirá la conducción de la PNP.
La decisión se produce después de una serie de episodios que colocaron a la institución policial bajo presión. Entre ellos figuran el ataque registrado en Trujillo, los atentados contra trabajadores y unidades de transporte público, el incremento de los homicidios y los reclamos formulados desde el Congreso por los resultados de la gestión policial.
A este escenario se sumaron cuestionamientos relacionados con la captura de personas buscadas por la justicia y las investigaciones fiscales que involucran al comandante general. En el caso de Vladimir Cerrón, la imposibilidad de concretar su captura también generó críticas hacia la capacidad operativa de la Policía.
Ataque en Trujillo incrementó los pedidos para relevar a Arriola
Uno de los episodios que intensificó los cuestionamientos contra Óscar Arriola ocurrió en Trujillo. Un grupo de delincuentes armados, con chalecos falsos de la Policía, atacó a varias personas, provocó la muerte de cuatro de ellas y secuestró a un empresario.
El hecho generó reclamos contra la respuesta de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado. La gravedad del ataque también trasladó la discusión hacia la conducción de la PNP y la capacidad de sus unidades para prevenir acciones de este tipo.
El 31 de agosto, la bancada de Renovación Popular exigió públicamente la salida de Arriola después del atentado. Dicha agrupación se sumó al pedido formulado por Juntos por el Perú.
Ese mismo día, Arriola llegó a Trujillo y evitó responder ante la prensa sobre la masacre y el secuestro. El episodio se incorporó a los cuestionamientos que ya recaían sobre su gestión.
Ataques contra transportistas elevaron la presión sobre la Policía
La inseguridad también se trasladó de forma directa al transporte público. Según información difundida por Cuarto Poder, 72 transportistas fueron asesinados durante 2026 hasta agosto. Los casos están vinculados principalmente con extorsiones, amenazas y cobros de cupos contra empresas y trabajadores.
La situación llevó a algunos conductores a señalar que comenzaron a portar armas de fuego durante sus jornadas laborales ante el temor de convertirse en víctimas de ataques. El dato refleja el nivel de preocupación existente entre quienes trabajan en las rutas de Lima y Callao.
El registro del Ministerio Público presenta otra medición sobre esta problemática. Un reporte del Observatorio de Criminalidad identificó 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos hechos dejaron 283 víctimas, entre ellas 152 fallecidos y 131 heridos.
Los cuestionamientos a la conducción de la PNP también estuvieron relacionados con las cifras de violencia. La información proporcionada sobre la coyuntura señala que el anuncio de la salida de Arriola coincidió con un registro de 169 homicidios durante el último mes.
A ello se sumó la falta de una reducción de los casos de extorsión durante el periodo de su gestión, según los cuestionamientos recogidos en torno a su permanencia en el cargo.
Investigaciones fiscales también alcanzaron al comandante general
Otro elemento que complicó la situación de Arriola corresponde a las investigaciones fiscales. De acuerdo con esa información, el jefe de la PNP figura como investigado o imputado en al menos diez carpetas fiscales correspondientes a Lima y Lima Norte.
Las pesquisas comprenden presuntos delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, concusión, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
La fallida captura de Vladimir Cerrón sumó otro cuestionamiento
La permanencia de Vladimir Cerrón en la clandestinidad también generó críticas contra la PNP. Arriola declaró en mayo que la institución contaba con una “tecnología superior” para ubicar al prófugo.
En julio, tras otra operación fallida, el propio comandante general señaló que existían aspectos de la búsqueda que no eran conocidos públicamente.
La situación adquirió otra dimensión cuando Cerrón reapareció públicamente y afirmó que permaneció a corta distancia de efectivos policiales sin ser ubicado. Según la información proporcionada, el dirigente sostuvo que la PNP “no tenía ni idea” de su ubicación.
El caso también fue utilizado por congresistas para cuestionar la continuidad de Arriola. La imposibilidad de concretar la captura durante el periodo en que estuvo al frente de la institución se convirtió en otro punto de discusión sobre la capacidad operativa de la Policía.
Fredy López Mendoza asumiría la conducción de la PNP
Arriola comunicó que dejará la comandancia general durante los próximos días. De acuerdo con lo señalado por el propio oficial, Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP, será quien asuma la conducción de la institución.
El cambio se produce después de los cuestionamientos derivados del ataque en Trujillo, los atentados contra el transporte público, las cifras de homicidios, los pedidos de relevo desde el Congreso, las investigaciones fiscales y las críticas por operaciones de captura que no consiguieron ubicar a personas buscadas por la justicia.
