Un grupo de ocho organizaciones internacionales de derechos humanos denunció este viernes la detención arbitraria y desaparición forzada de la abogada y defensora de derechos humanos Thelma Montenegro en Nicaragua. La activista, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), permanece en paradero desconocido desde el 25 de agosto, tras ser retenida por segunda vez en menos de una semana por agentes policiales.
Según reportaron los grupos sociales, Thelma Montenegro acudió el 19 de agosto a la delegación policial de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega, con el objetivo de renovar su licencia de conducir. En ese momento, fue arrestada sin una orden judicial, y las autoridades confiscaron su teléfono celular y documentos personales. Estuvo detenida durante tres días, hasta que el 22 de agosto fue liberada.
Tras su excarcelación, la mujer fue convocada de nuevo por la policía bajo el argumento de que podía recuperar los objetos personales que le habían sido retenidos. El 23 de agosto, al presentarse ante las autoridades, fue privada de libertad por segunda vez.
Reiterada persecución a familia Montenegro
La familia de Thelma Montenegro recibió el 25 de agosto la última información sobre su paradero, cuando las autoridades comunicaron de manera informal que la defensora había sido trasladada a Managua. Desde entonces, no se ha dado a conocer su ubicación exacta, su estado de salud ni su situación jurídica. La negativa de las autoridades a proporcionar información constituye una desaparición forzada, práctica que se ha documentado de manera recurrente en Nicaragua frente a personas consideradas opositoras de la dictadura Ortega-Murillo.
“La desaparición forzada de Thelma Montenegro la coloca en una situación de riesgo extremo e indefensión absoluta”, declaró la Alianza Américas en un comunicado conjunto con otras siete organizaciones. El documento recuerda que la abogada ha sido víctima directa de la represión del régimen contra opositores: varios miembros de su familia fueron asesinados en 2019 en un contexto de persecución política. Entre ellos figuran sus hermanos Oliver Montenegro (asesinado en El Cuá en enero de 2019), Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón (asesinados en Honduras en junio de ese año), y su esposo Francisco Blandón Herrera (asesinado en Wiwilí en agosto de 2019).
En la nota exigen a las autoridades nicaragüenses que informen de inmediato sobre las condiciones y el lugar en que se encuentra la defensora, garanticen su integridad física y procedan a su liberación “de manera inmediata e incondicional”.
Apoyo internacional
Además, las organizaciones firmantes han hecho “un llamado urgente a la comunidad internacional”, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para que intervengan ante el régimen nicaragüense, exijan información sobre el paradero y mantengan la atención pública sobre su situación.
Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han emitido información oficial sobre el caso.
Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Alianza Américas, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Latin American Working Group (LAWG) y Washington Office on Latin America (WOLA).
