El juez Ariel Lijo dispuso que se realice un peritaje contable y económico integral sobre las pólizas de ANSES y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en el marco de la causa Nación Seguros, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones para organismos públicos y el pago de comisiones a intermediarios privados.
La Cámara Federal había resuelto a favor de un pedido de Alberto Fernández para que se encomendara la pericia a un equipo interdisciplinario del Cuerpo de Peritos Especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
La defensa del expresidente procura que el informe determine si la aplicación del decreto promovió un eventual perjuicio patrimonial para la aseguradora estatal y, en definitiva, para las arcas públicas.
El estudio deberá identificar comisiones, fechas de pago, montos, bancos intervinientes, CBU de destino y cualquier otro medio utilizado para transferir fondos, además de respaldar cada movimiento con comprobantes o registros documentales.
La pericia busca establecer qué servicios específicos fueron prestados a Nación Seguros y a la ANSES, quién obtuvo el beneficio económico y si la contraprestación en dinero guardó correspondencia con las tareas efectivamente verificadas.
En esa línea, la pericia buscará determinar si San Germán Seguros S.A. cumplió, entre el 3 de marzo de 2022 y el 4 de marzo de 2024, los requisitos de capital mínimo, reservas técnicas y activos computables exigidos por la normativa, y si tenía capacidad económica u operativa real para afrontar el riesgo asumido en su participación en pólizas de ANSES.
La resolución ordena analizar la relación técnica entre primas emitidas, siniestralidad esperada y patrimonio neto, y auditar las integraciones de capital realizadas por San Germán durante ese período, con base en informes de la Superintendencia de Seguros, la Unidad de Información Financiera y documentación reunida en el legajo.
El tribunal también pidió establecer si en Nación Seguros S.A. existía un procedimiento formalizado para invitar compañías coaseguradoras, si ese mecanismo fue comunicado públicamente y cómo se aplicó en el caso concreto de las siete pólizas investigadas.
Para el cálculo del premio, los expertos deberán auditar la base actuarial o estadística utilizada para estimar la siniestralidad esperada al momento de la contratación y confrontarla con la siniestralidad real al cierre, para establecer diferencias absolutas y porcentuales. Ese contraste se comparará con la tasa media de siniestralidad del ramo en el mercado entre marzo de 2022 y marzo de 2024.
Además, deberán cuantificar todos los siniestros imputados a la porción de San Germán -con detalle de monto, fecha y estado de pago- y determinar si la firma los afrontó con recursos propios o externos y si pagó dentro de los plazos contractuales.
En cuanto al convenio “cut off” celebrado entre San Germán y Nación Seguros, deberán identificar a las autoridades intervinientes y contrastar las obligaciones originales de las pólizas con las fijadas en ese acuerdo para definir su contenido económico.
Otro tramo del peritaje se concentra en las prestaciones erogadas desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social y desde Nación Seguros a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Bróker S.A.
La tarea fue encomendada al equipo interdisciplinario del Cuerpo de Peritos Especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La indicación es que deberá presentar informes mensuales breves sobre las diligencias practicadas.
La causa
La defensa de Alberto Fernández logró que la Cámara de Casación Penal anulara, por mayoría, una resolución que confirmaba su procesamiento en la causa Nación Seguros, con el criterio de que se había vulnerado el principio acusatorio, después de que el Ministerio Público Fiscal coincidiera en que aún restaba profundizar el análisis de la prueba.
Atendiendo a esta disposición, la Cámara Federal dictó la falta de mérito para el expresidente, aunque determinó que esa medida no implica el cierre del expediente ni un sobreseimiento. En tanto, el expediente regresó al juzgado de instrucción para ampliar las medidas de prueba a fin de resolver la situación del exmandatario.
La hipótesis de la causa Nación Seguros sostiene que, a través del decreto 823/2021, Alberto Fernández dispuso que Nación Seguros centralizara la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas sin seguir los procedimientos de selección previstos.
Entre los principales beneficiarios, la Justicia identificó al bróker y amigo de Fernández Héctor Martínez Sosa; a su esposa y exsecretaria, María Cantero; y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Al momento del procesamiento, el tribunal detalló que, durante la gestión de Alberto Pagliano, la empresa estatal Nación Seguros abonó comisiones “por intermediación con organismos públicos principalmente a tres grupos de productores liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello”.
Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los 2.200 millones de pesos, equivalentes al 59,6% de las comisiones abonadas a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández.
