Mujeres del Norte exigió justicia por los abusos contra adolescentes en Villa de María de Río Seco
El colectivo Mujeres del Norte difundió un comunicado tras la investigación por grooming y abuso sexual que involucra a 15 detenidos en Villa de María de Río Seco. Reclamó justicia para las adolescentes y cuestionó la falta de políticas públicas de cuidado, salud sexual y educación sexual integral.
El colectivo Mujeres del Norte difundió un comunicado tras la investigación por grooming y abuso sexual que involucra a 15 detenidos en Villa de María de Río Seco. Reclamó justicia para las adolescentes y cuestionó la falta de políticas públicas de cuidado, salud sexual y educación sexual integral.
La investigación judicial que conmociona a Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba, constató una serie de hechos de grooming y abuso sexual contra adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.
Frente al avance de la causa, el colectivo Mujeres del Norte difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las víctimas y reclamó que se investigue a todos los involucrados, además de exigir políticas públicas destinadas a prevenir y abordar estas situaciones.
Hasta el momento, la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, identificó a cuatro adolescentes como víctimas y hay 15 hombres detenidos e imputados en el marco de la investigación. Entre los acusados hay un policía, peones rurales, remiseros y José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor de la Legislatura de Córdoba hasta el momento de su detención.
Según la investigación, no se trataría de una estructura organizada de trata, sino de una modalidad informal en la que distintos hombres se intercambiaban los contactos telefónicos de las adolescentes. Los encuentros se habrían concretado a cambio de dinero -en algunos casos, montos de hasta $80.000- u objetos de escaso valor.
Las declaraciones realizadas por las adolescentes en Cámara Gesell permitieron reconstruir parte de esa dinámica. Los investigadores también localizaron distintos lugares donde se habrían producido los encuentros, entre ellos una precaria construcción ubicada en un campo perteneciente al legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores.
El reclamo del colectivo Mujeres del Norte
En su comunicado, el colectivo cuestionó especialmente los discursos que ponen el foco de la responsabilidad sobre las propias niñas, sus madres o quienes trabajan en el sistema de salud, y advirtió sobre la necesidad de centrar la discusión en las condiciones que permiten que estas situaciones de violencia se sostengan.
“Como colectivo de mujeres repudiamos estos actos de violencia”, expresaron, al tiempo que reclamaron que se investigue a los detenidos y a quienes pudieran haber actuado como cómplices.
Para Mujeres del Norte, el caso también expone la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y salud integral para mujeres, adolescentes e infancias, con herramientas que permitan reconocer situaciones de abuso, pedir ayuda y acceder a espacios donde las víctimas puedan ser escuchadas y protegidas.
El colectivo sostuvo además que las políticas públicas deben garantizar derechos, autonomía, información y protección, y reclamó que quienes ejercen violencia, así como quienes la facilitan o encubren, respondan ante la Justicia.
La investigación por los anticonceptivos subcutáneos
Uno de los aspectos que también analiza la fiscalía es la colocación de implantes anticonceptivos subcutáneos, conocidos como “chips”, a dos de las adolescentes cuando tenían 12 y 14 años.
En uno de los casos, Cepede recibió el testimonio del padre de la menor, quien manifestó haber acompañado a su hija a un centro de salud. En el otro, la fiscal solicitó documentación e informes para determinar cómo se realizaron las intervenciones.
La investigación busca establecer si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y bajo qué condiciones puede acceder una adolescente a este tipo de método anticonceptivo.
Mujeres del Norte incorporó este punto a su reclamo y señaló que el debate debería centrarse en garantizar que las adolescentes puedan acceder a información y atención sanitaria con acompañamiento profesional y en condiciones que respeten sus derechos.
Vulnerabilidad y una comunidad atravesada por la causa
Villa de María de Río Seco es una localidad de poco más de 6.000 habitantes, donde la cercanía entre los vecinos hace que el impacto de la investigación atraviese a toda la comunidad.
Las cuatro adolescentes identificadas por la Justicia provienen de contextos de extrema vulnerabilidad social y económica. Algunas se encontraban fuera del sistema educativo y sus redes familiares presentaban distintas dificultades, con madres solas o familiares a cargo de su cuidado.
Tras la intervención judicial, las jóvenes y sus familias fueron asistidas por el Polo de la Mujer y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Los controles médicos no detectaron lesiones físicas visibles, mientras que las adolescentes permanecen bajo acompañamiento psicológico.
Además, fueron reincorporadas al sistema educativo con el objetivo de recuperar progresivamente sus rutinas y garantizarles un ámbito de contención.
Debido a la situación económica de sus familias y como medida de protección, el Estado provincial dispuso también la designación de un abogado del niño para cada una de las víctimas.
Para Mujeres del Norte, el caso evidencia la necesidad de sostener políticas de prevención y protección durante todo el año. El colectivo cuestionó el retroceso que, según planteó, se observa en políticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva y con la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).
El comunicado cerró con un reclamo que sintetiza su posición frente a la investigación: “Por infancias y adolescencias libres de violencia. ¡Basta de impunidad!”
