El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, negó haber intervenido en interrogatorios a detenidos por el secuestro de un empresario minero en Trujillo, caso en el que murieron las cuatro personas que acompañaban a la víctima en un vehículo durante la madrugada del domingo 30 de agosto

Belaúnde afirmó en declaraciones recogidas por América TV que acudió a la ciudad por su condición de ministro y como titular del sector del que dependen las Fuerzas Armadas, que apoyan a la Policía en el estado de emergencia. “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio ni mucho menos”, indicó en conversación con la prensa.

Ante las críticas por su presencia durante las actuaciones posteriores a las capturas, Belaúnde explicó que, al enterarse de las detenciones, quiso verificar “en qué situación estaban los detenidos, su salud, su estado”. Añadió que no participó “en ninguna diligencia, en ningún interrogatorio”.

La versión del titular del Mindef se difunde luego de la difusión de fotografías en las que se ve al ministro Belaúnde junto al comandante general de la PNP Óscar Arriola y otros mandos policiales y del Ejército en una sala conversando con uno de los detenidos.

Luego de la difusión de las imágener, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que Belaúnde viajó porque el titular del Interior, César Astudillo, no pudo asistir “por un asunto personal”, y afirmó que las diligencias estuvieron a cargo de la Policía Nacional

Fujimori sostuvo que el titular de Defensa no participó directamente en las diligencias y atribuyósu ejecución a la PNP. “El ministro Belaúnde no ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Fiscal de la Nación cuestionó participación del ministro de Defensa

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, planteó otra dimensión del problema en declaraciones a Exitosa: aun si no hubiera existido una declaración formal, una interacción de ese tipo “no es parte de las diligencias” y “puede entorpecer la investigación”. Según su explicación, cualquier manifestación en esas circunstancias carece de valor legal.

Gálvez señaló que, cuando se toma una declaración formal, debe intervenir un fiscal y dirigir el acto junto con el instructor policial. Por eso consideró que lo registrado en las imágenes pudo ser una conversación “informal”, pero remarcó que ya en ese momento debería contarse con presencia fiscal.

El fiscal de la Nación vinculó las dudas sobre el procedimiento con un problema de coordinación institucional. Dijo que, en este caso, la Policía Nacional “se resistió a coordinar con la Fiscalía”.

Según Gálvez, la fricción surgió por una ley que permite a la Policía iniciar investigaciones preliminares en casos de delitos, lo que, a su juicio, fue leído de manera equivocada. “Con una mala interpretación querían hacerlo ellos solos y hubo inconvenientes”, afirmó.

El titular del Ministerio Público añadió que la situación cambió cuando intervino “la fiscal más experimentada de allá de Trujillo, la doctora Cisterna”, y desde entonces se empezó a trabajar de manera más articulada. También precisó que en casos violentos como este la Policía lleva la investigación y la Fiscalía tramita medidas como la detención preliminar o la prisión preventiva.

Secuestro ocurrió junto a una sede policial

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía de Trujillo. En ese ataque, hombres con uniformes policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba y mataron a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con imágenes de videovigilancia, los responsables usaban prendas similares a las del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado.

Ricardo Espinoza, jefe policial de La Libertad, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial. También indicó que los acompañantes de Lara Tantaquilla se resistieron a que se lo llevaran y que eso provocó que los criminales abrieran fuego.

Belaúnde dijo que ya no se cuestiona “el móvil subyacente” y lo definió como “una guerra entre los Pulpos y la Jauría”, dos organizaciones criminales que dominan la . Agregó que la hipótesis central de la Policía se irá ratificando y que los responsables serán llevados ante la justicia.