La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció este domingo, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición en la entidad, que incluye un apoyo económico directo para 450 familias de personas desaparecidas.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), integrado por más de 500 familias de buscadoras y víctimas de la desaparición, acompañadas por él Y se manifestó frente al Palacio de Gobierno donde anunció acciones legales contra la gobernadora.
El reconocimiento que no había llegado antes
En un mensaje emitido en un video publicado en su cuenta oficial en ‘X’, se dirigio a las familias buscadoras, la mandataria admitió que la respuesta del Estado no ha sido suficiente. “No hemos hecho todo lo deseable”, dijo, y fue más lejos al señalar que esperaba un respaldo del gobierno federal que nunca llegó como se anticipaba.
La gobernadora reconoció el peso concreto que implica buscar: los traslados, los días sin poder trabajar, los trámites, los gastos que “salen de donde no hay”. El apoyo económico del nuevo programa, aclaró, no pretende reparar nada. “Ningún recurso devuelve a un ser querido”, afirmó.
El nuevo programa refuerza servicios que ya existían —atención médica, psicológica y alimentaria, gestiones de empleo, vivienda y becas— y les agrega por primera vez un componente de apoyo económico solidario. La iniciativa arranca con 450 familias y, según la propia Campos, se irá ampliando.
La deuda que los colectivos no olvidan
El anuncio no disipó la tensión acumulada durante los cinco años del gobierno de Campos. El CEDEHM y las familias que acompaña denunciaron que la gobernadora estatal nunca recibió a las madres buscadoras en audiencia pública desde que asumió el cargo, a diferencia de las dos administraciones anteriores.
El pasado 7 de agosto, el colectivo presentó una solicitud formal de audiencia con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del estado. Pedían una reunión presidida personalmente por la gobernadora para este domingo 30 de agosto, con alrededor de 150 familiares víctimas de la desaparición de distintas regiones. El plazo legal venció el 20 de agosto sin respuesta.
Lo que llegó, en cambio, fue una invitación de la Fiscalía General del Estado a un encuentro sin la presencia de Campos, convocado para el sábado 29 de agosto, en una fecha distinta a la solicitada y con un formato definido por la autoridad. El colectivo rechazó asistir.
La gobernadora prometió dar seguimiento personal a esas mesas. “No van a caminar solas”, dijo.
