El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este martes de la denuncia del Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona, fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juzgado federal 12, que está vacante y es subrogado por Ercolini. El fiscal que interviene en el caso es Eduardo Taiano.
El expediente 4437/2026 se inició por la denuncia del canciller Pablo Quirno y las investigadas serán las empresas “Navitas Petroleum Development & Production LTD”, “Navitas Petroleum Atlantic Limited”-“Navitas Petroleum LP”- “JHL Associates Inc” y “ECO Atlantic Oil & Gas LTD”.
La denuncia
El texto sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.
La acusación no se limitó a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluyó a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.
La Oficina del Presidente afirmó en un comunicado que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Se denunció la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.
Según el planteo judicial, los elementos reunidos hasta ahora permiten inferir, en forma preliminar, “la existencia de un entramado societario” integrado por diversas personas jurídicas que habrían participado bajo distintas modalidades, en la ejecución o explotación de actividades hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades argentinas.
Ahora el magistrado dará vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar la investigación y sugiera medidas de prueba.
