El ministro de Educación, José Antonio Chang, adelantó que el Gobierno buscará dar cumplimiento a la ley que otorga una pensión de hasta 3.500,70 soles a los maestros jubilados y cesantes, aunque advirtió que un pago íntegro e inmediato de esa cifra resulta financieramente inviable.
“Ese tema es un tema de una ley que hay que cumplirla, obviamente”, afirmó el funcionario, al tiempo que remarcó que espera “programar en el tiempo algún pago” de las obligaciones pendientes.
La norma en cuestión es la Ley 32581, aprobada por insistencia en marzo de este año por el anterior Congreso de la República, que fija una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial para los docentes jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial. El monto alcanza a más de 200.000 beneficiarios que en la actualidad perciben pensiones que oscilan entre 472 y 700 soles.
Pese a que Chang busca cumplir con la norma, hizo mención a las limitaciones presupuestarias del sector Educación. “Si dedicamos todo el presupuesto al pago de esta deuda social, va a ser imposible que podamos recuperar la infraestructura, tener tecnologías en las aulas. Va a ser muy difícil. Creo que hay que ser sensatos”, señaló el ministro. Aseveró que “nadie está negando el derecho” de los docentes a percibir el beneficio. “Pero creo que tenemos que conversar para poder llegar a un acuerdo”, sostuvo.
El titular del sector afirmó mantener conversaciones directas con el Sutep para encauzar un acuerdo sobre la deuda social. “Estamos teniendo una muy buena relación, creo yo, de inicio”, indicó, y aseguró que ya se disipó entre los dirigentes sindicales la desconfianza inicial en torno a las evaluaciones docentes. “Ya hemos quitado el fantasma este de que se viene a evaluar para botar. Eso no es cierto. Sí creemos absolutamente en la meritocracia”, explicó Chang.
Ley fue llevada al TC
El Colegio de Economistas de Lima (CEL) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32581 ante el Tribunal Constitucional (TC). El gremio, representado por su decano, José Manuel Mesía Herrera, solicitó la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico y exhortó al Congreso a emitir una ley alternativa “con base en estudios actuariales rigurosos” que garantice una mejora pensionaria financiada de manera sostenible.
La demanda, a la que accedió Infobae, sostiene que la ley vulnera el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas la iniciativa de gasto público. El documento invoca la sentencia 00018-2023-PI/TC, mediante la cual el propio Tribunal Constitucional reafirmó la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de política presupuestal.
El CEL calculó que la norma genera una obligación fiscal permanente de al menos 5.670 millones de soles anuales sin fuente de financiamiento identificada, cifra que podría escalar a 18.837 millones de soles si otros pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) reclaman un trato igualitario al de los docentes.
El gremio de economistas planteó además que la norma vulnera la prohibición constitucional de nivelar pensiones con remuneraciones de trabajadores activos, así como el derecho a la igualdad. Según el documento, la ley otorga a los docentes jubilados inscritos en el SNP una pensión casi cuatro veces superior a la del resto de afiliados al mismo sistema, sin que exista una justificación objetiva para esa diferencia de trato.
