La inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas del país y golpea con especial intensidad a regiones como La Libertad. El nuevo Gobierno ha colocado a la lucha contra la inseguridad entre sus prioridades para el periodo 2026-2031, pero enfrentarla requiere también una respuesta coordinada con los gobiernos subnacionales, que tienen competencias relevantes en prevención, inversión y fiscalización. Por ello, a pocos meses de las elecciones regionales y municipales de octubre, será clave evaluar si los candidatos plantean propuestas concretas y viables para enfrentar este problema desde sus ámbitos de responsabilidad.
Inseguridad y respuesta del Estado
A nivel nacional, la inseguridad se ha deteriorado de manera sostenida en los últimos años. Entre 2020 y 2025, la tasa de denuncias aumentó de 2,126 a 3,593 por cada 100 mil habitantes, según datos del Ministerio Público. El incremento fue aún más pronunciado en delitos como la extorsión, donde la tasa de denuncias casi se multiplicó por diez, mientras que las de estafa casi se triplicaron.
En 2026, los niveles de inseguridad se mantienen elevados. A julio, la tasa total de denuncias alcanzó 2,082 por cada 100 mil habitantes, apenas por debajo de las 2,137 registradas en el mismo periodo de 2025. En algunas regiones, la situación es incluso más crítica: Madre de Dios presentó la tasa más alta del país (3,707), seguida de Lambayeque (3,390).
Pese al aumento de la inseguridad, los recursos destinados a enfrentarla se han reducido. En 2026, el presupuesto nacional para orden público y seguridad cayó por segundo año consecutivo: se redujo 4% en términos reales —descontando el efecto de la inflación— hasta S/17,173 millones.
La Libertad: extorsión y minería ilegal
La expansión de la extorsión a nivel nacional también se refleja en La Libertad. En 2025, las denuncias por este delito quintuplicaron lo registrado en 2019. Peor aún, entre enero y julio de 2026, la región alcanzó una tasa de 76 denuncias por cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del país, solo por debajo de Tumbes (116). La incidencia de este delito es aún más crítica en algunos distritos: más del 60% de las denuncias se concentró en Trujillo, Chepén y El Porvenir.
El deterioro de la seguridad en La Libertad ocurre en un contexto de avance de la minería ilegal. En 2025, La Libertad registró 19 denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes, casi tres veces el nivel de 2020 y más del doble del promedio nacional (8). Además, desde 2012 se han reportado más de 700 operaciones financieras sospechosas vinculadas a esta actividad, la cuarta cifra más alta del país, por un monto acumulado de S/ 1,313 millones, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.
Recomendaciones
Frente a este escenario, los gobiernos subnacionales tienen un rol clave en la respuesta frente a la inseguridad. Los gobiernos regionales pueden coordinar acciones de seguridad, impulsar inversiones y fortalecer la prevención. Además, tienen responsabilidades de fiscalización sobre la pequeña minería y minería artesanal. De cara a las elecciones de octubre, será clave evaluar si las propuestas de los candidatos responden a estos desafíos y si cuentan con las capacidades necesarias para ejercer eficazmente sus funciones.
*Elaborado por Maylith Coronel, economista del IPE.
