El inicio del curso universitario ha comenzado con una alumna ilustre en la Carlos III de Madrid: la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en el campus que este centro tiene en la localidad de Getafe. Coincidiendo con la llegada de la heredera al trono la univesidad está licitando un nuevo contrato de seguridad para proteger todos los edificios que la universidad tiene repartidos en cuatro campus y para “garantizar la vigilancia y permanente protección de las personas” que pasan cada día por la universidad: personal docente e investigador; personal técnico de gestión, administración y servicios; estudiantes y visitantes. El presupuesto es de 5,4 millones de euros por dos años, que con las posibles prórrogas y modificaciones de los costes se elevaría a 12,4 millones de euros.
El actual contrato, que lo gestiona la sociedad Eulen, propiedad de la empresaria María José Álvarez, caduca este año. Por eso la universidad licita uno nuevo para mejorar las prestaciones. Hay que tener en cuenta que la seguridad personal de la princesa Leonor correrará a cargo de los escoltas que el ministerio del Interior adscribe a la Casa de Su Majestad el Rey. Escoltas que acompañan a la princesa 24 horas y que estarán discretamente en la universidad. Ya se han revisado diferentes espacios de la universidad con el objetivo de detectar posibles vulnerabilidades y establecer alternativas en caso de que fuera necesario modificar un recorrido o evacuar a la heredera.
Mientras, el nuevo contrato de vigilancia incluye a los cuatro campus de la Carlos III: Colmenarejo, Leganés, Getafe (donde estudiará Leonor) y Puerta de Toledo en la capital. La empresa que gane el contrato aportará un equipo que estará liderado por el Coordinador de Seguridad, que debe tener una experiencia mínima en seguridad privada de 25 años y estar habilitado como Director de Seguridad y Jefe de Seguridad. Es el que se coordinará también con el equipo de protección de la princesa. “Estará localizable 24 horas todos los días del año”, exige el pliego de condiciones del contrato.
Los vigilantes que prestarán el servicio controlarán los accesos exteriores de los campus, abriendo y cerrando los mismos; también patrullarán el interior de los centros, impidiendo en todo caso: “Mendicidad y vagabundeo, ventas ambulantes y rifas, actos de vandalismo, pintadas..., actos contra la salud moral o salud pública, y manipulación y mal uso del mobiliario e instalaciones. También tendrán que identificar y controlar a los usuarios de las bibliotecas. El listado de funciones que se exige es amplio. También deberán controlar el llavero de maestras de los campus, la entrega de tarjetas de control de accesos editadas por y para la universidad, el control de sobres lacrados, la actualización de información en cerraduras electrónicas y el control del aparcamiento de usuarios.
107.000 horas al año
El objetivo es que la empresa adjudictaria preste 107.000 horas de servicio cada año. En el caso del campus de Getafe, por ejemplo, la universidad quiere que haya tres vigilantes sin arma 24 horas todos los días del año y otros dos vigilantes sin arma 16 horas al día de lunes a viernes no festivos y cuando la universidad esté abierta (en horario de 7:00 a 23:00 horas). Entre sus funciones también estarán la protección y auxilio de los miembros de la comunidad universitaria y visitantes de la institución, y participar en los dispositivos de seguridad en visitas ilustres, eventos y celebraciones especiales. Por último, también deberán controlar las instalaciones críticas, es decir, centros de transformación, central térmica e “infraestructuras que afecten al funcionamiento normal de la universidad o que puedan afectar gravemente a su seguridad”.
La Carlos III pone hincapié en que los vigilantes eviten “aquellas acciones derivadas de determinados actos de naturaleza antisocial que tengan que ver con la conservación de los edificios: pintadas, pegado de carteles, daños...”. En cuanto a medios materiales, la universidad solo aportará para el campus de Getafe un solo vehículo de Movilidad Personal (VMP) eléctrico y orientado a recorrer distancias cortas dentro del campus. “Se debe poder limitar la velocidad, priorizando la estabilidad y visibilidad. El adjudicatario se hará cargo del pago de cualquier mantenimiento, reparación, seguro, tasa o cualquier otro gasto asociado al propio vehículo o a la persona conductora del vehículo”.
