Madrid, 2 sep (EFE).- El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

Esa es una de las conclusiones del informe realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a petición de la jueza de la Audiencia Nacional, un documento al que ha tenido acceso EFE y que deja claro que la finalidad de la entrada de decenas de miles de personas no era migratoria, como demuestra que solo el 10 % haya intentado quedarse.

"La respuesta policial en Marruecos ha sido cuando menos de total permisividad, no registrándose ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo", expone el informe, que en 55 páginas y una treintena de fotografías y gráficos detalla la presencia de agentes "uniformados y no uniformados" en actitudes compatibles con la monitorización o control de lo que estaba pasando.

Según el informe policial, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.

La Policía admite que no se ha podido "individualizar" quiénes son los responsables de lo ocurrido, pero reitera que no se trata de un acontecimiento "espontáneo ni incidental" y que, en gran medida, repite pautas de procesos similares -aunque menos masivos- ocurridos en 2021 y 2024.

Menciona en varias ocasiones la actitud de las fuerzas de seguridad marroquíes, que llega a presentar como un "guiado activo" de los flujos de personas hacia los lugares de paso y que vincula con la conclusión de que lo ocurrido no tenía en ningún caso una finalidad migratoria.

Subraya al respecto "un alto nivel de especialización que no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona y que se encuentran muy lejos de las capacidades de las pocas estructuras de entidad que operan en el ámbito de la inmigración irregular en Marruecos".

El informe detalla que la entrada, un "proceso escalonado y graduado", fue protagonizado por distintos perfiles de migrantes en dos fases: en la primera "oleada" accedieron en masa varones jóvenes, con un alto porcentaje de menores, con la intención de saturar los medios de contención y "forzar la apertura de los accesos".

Tras esta primera entrada, la segunda "oleada" estuvo integrada, según el análisis policial, por núcleos familiares con una alta presencia de mujeres y niños pequeños con la que se pretendía "ahondar en la saturación de las capacidades de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta física de las fuerzas de seguridad".

De este modo, la planificación en la entrada buscaba dos objetivos: obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, una vez conseguido, tratar de eliminar la capacidad de España para revertir la situación.

El informe apunta a que la meta de estas entradas masivas no era la migración, sino que esa finalidad era una "cobertura formal" para "fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta".

Como efecto, se produce un "quebranto grave de determinados elementos de la seguridad y el orden público, la vida y la integridad, estabilidad institucional, gestión fronteriza, integridad territorial o posición internacional de España".

Los agentes consideran que "este tipo de acciones de ambigüedad calculada y avance gradual con actividad intermitente son características propia de las estrategias de zona gris".

Y pasan a detallar las consecuencias institucionales, como "la saturación de las capacidades de prevención, contención, respuesta y asistenciales" del territorio o el impacto en la sociedad civil, que va de las limitaciones en el ejercicio de derechos, a la agitación de perfiles políticos, desinformación, deterioro de la seguridad pública o impacto en el sistema sanitario.

"Se constata una evidente desestabilización política interna y desajustes en la integración de las respectivas acciones de respuesta de las distintas estructuras del Estado implicadas en ellas", apunta también el informe, que también apunta a un "deterioro" en la imagen del país y un cuestionamiento internacional.

También se detiene el informe en un efecto añadido, que, recalca, "podría ser sobrevenido": el cuestionamiento del Centro Nacional de Inteligencia en la detección de lo ocurrido, donde ven una escalada que consideran "una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual".

El análisis policial recalca la diferencia con lo ocurrido ante el llamamiento masivo para entrar a Ceuta del 15 de agosto, fecha en la que hubo un importante despliegue policial por parte de Marruecos, con centenares de detenciones.

También apunta a que en esa ocasión, a diferencia del final de julio, la mayor parte de quienes se congregaron cerca de la frontera eran subsaharianos.

El informe plantea que, más allá de lo ocurrido en Marruecos, deben analizarse los elementos de respuesta en territorio español y pide que se tenga en cuenta la alerta emitida el día 29 de julio por el propio Centro Nacional de Inmigración y Fronteras a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla "en relación a un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el día 30 de julio".

Posteriormente, en los días siguientes, fueron emitidas nuevas alertas relacionadas con la entrada, con posibles tentativas posteriores de traslado de los inmigrantes entrados irregularmente a la Península y con la posible extensión de reactivación de flujos migratorios desde Marruecos hacia Canarias. EFE