
Más de 1.400 personas murieron en Haití entre abril y junio de 2026 debido a la violencia generada por pandillas, según un informe publicado el miércoles por la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH). El organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contabilizó al menos 1.408 muertes y 656 heridos en el segundo trimestre del año, en un contexto donde las autoridades intensificaron los operativos contra grupos armados en Puerto Príncipe, la capital.
El reporte de BINUH indicó que, aunque la cifra de víctimas mortales disminuyó en torno a un 14% respecto al trimestre anterior, la organización advirtió que esta reducción “oculta realidades muy diferentes según las regiones”. De acuerdo con el análisis, más de la mitad de los asesinados y heridos se atribuyen a acciones de pandillas, mientras que alrededor del 40% se relacionan con operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas y un 5% están vinculados a grupos de autodefensa y actos de “justicia popular”.
El representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, sostuvo que “estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia”, según destaca el comunicado que acompaña el informe. Naciones Unidas alertó que la violencia se está “extendiendo geográficamente” en el país, mientras persiste la ofensiva estatal sobre las pandillas en la capital.
Durante esta semana, bandas criminales perpetraron un ataque en Kenscoff, localidad situada en las afueras de Puerto Príncipe, que resultó en 47 víctimas fatales, incluyendo 22 personas que fueron ejecutadas en el interior de una iglesia donde buscaban refugio.
La BINUH advirtió que, aunque las operaciones de seguridad lograron reducir la actividad de las pandillas en áreas como Delmas y Tabarre dentro de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, esta presión estatal produjo un desplazamiento de la violencia hacia otras regiones en lugar de su eliminación total. El informe señala que la llanura de Cul-de-Sac y la comuna de Ciudad Soleil, ambas en la capital, fueron escenario de enfrentamientos “de extrema violencia” entre pandillas rivales por el control de territorios y recursos ilícitos.

Según la oficina de la ONU en Haití, estos choques provocaron 463 muertes, así como cientos de personas heridas o víctimas de violencia sexual, y el desplazamiento de más de 18.000 residentes que debieron abandonar sus hogares. El documento atribuyó parte de la intensidad de estos episodios a las operaciones de seguridad realizadas en otras zonas, las cuales empujaron a miembros de pandillas hacia la Llanura del Cul-de-Sac, considerada estratégica por su ubicación entre los principales ejes de acceso al puerto de contenedores de la capital y la terminal petrolera de Varreux, que conecta con el norte del país.
El informe de Naciones Unidas también subrayó que, fuera de Puerto Príncipe, las pandillas continúan expandiendo su influencia. El caso de Artibonite, una relevante región agrícola del noroeste, ilustra este fenómeno: grupos armados atacaron comunidades, asesinando a habitantes en sus casas y a agricultores en sus campos. Un fenómeno similar se observa en el sur, donde incursiones de la pandilla Village de Dieu en torno a Séguin—una zona hasta ahora poco afectada por la violencia—podrían responder, según BINUH, al interés de estos grupos en controlar carreteras estratégicas, como las que llevan al puerto de Marigot, en busca de nuevas fuentes de ingresos.
En el contexto de la intensificación de las operaciones oficiales contra las pandillas, la población civil también se ve atrapada en los operativos destinados a desalojar a estos grupos. El documento de la agencia de la ONU detalló que, durante el último trimestre, más de 800 personas murieron o resultaron heridas en intervenciones de las fuerzas de seguridad, acciones que incluyeron el uso de drones explosivos por parte de una fuerza especial integrada por policías haitianos y miembros de una empresa militar privada extranjera.

Según el documento, al menos 95 de las víctimas no tenían ningún vínculo con las pandillas. Además, la ONU indicó que no dispone de información que confirme la apertura de investigaciones oficiales sobre los muertos y heridos provocados por estas operaciones, incluidas aquellas donde participó la empresa militar privada.
El análisis de BINUH advierte que el desafío en Haití dejó de limitarse a la recuperación de barrios de Puerto Príncipe, ya que las pandillas han demostrado capacidad de adaptación, expandiéndose hacia nuevos territorios y fuentes de ingresos, mientras que las tácticas empleadas por el Estado expusieron a los civiles a nuevos riesgos.
La referencia a la “empresa militar privada” alude, según diversas fuentes, a Vectus Global, compañía creada por Erik Prince, fundador de la controvertida Blackwater, que firmó en 2025 un acuerdo de colaboración con las autoridades haitianas. En marzo de 2026, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció muertes provocadas por drones en operaciones del gobierno haitiano, identificando a Vectus Global como la empresa privada involucrada, dato confirmado por el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster, quien señaló que la compañía posee licencia para la exportación de servicios de defensa en el país.
(Con información de Europa Press)