La Municipalidad de Colón desacreditó la versión que el Gobierno uruguayo dejó trascender para salvar al presidente Yamandú Orsi de una polémica internacional. El mandatario dijo que, en el diferendo por la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú, Argentina había retirado la demanda penal en contra de Uruguay.
Tras ser desmentido por la fiscal federal que lleva adelante el caso, Josefina Minatta, y por el demandante en otro expediente en el fuero civil, el diputado Guillermo Michel (UP - Entre Ríos), el Ejecutivo uruguayo salió a aclarar que Orsi se refería a una supuesta demanda interpuesta por la viceintendenta de Colón, María Dalleves.
De esta manera, se dejaba a salvo la palabra presidencial del yerro que había causado un escándalo en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, la solución fue peor que el problema. A las pocas horas, el Municipio de Colón emitió un comunicado en el que expresó que esa denuncia a la que se habría querido referir Orsi jamás existió.
El texto del documento, enviado a Infobae, expresó: “El Municipio de Colón desconoce a qué denuncia se refiere el Presidente de Uruguay”.
“En ningún momento -agregó- el Municipio local efectuó una denuncia penal, ni de otro tipo”. “De hecho -resaltó- formalmente nadie presentó una demanda” en la Justicia.
El camino de Escazú
Párrafo seguido, el comunicado reconstruyó que a principios de año, el Gobierno local solicitó “acceso al expediente” que se abrió en Uruguay referido a la instalación de la planta de e-combustibles en Paysandú, frente a sus costas. Desde que se conoció el proyecto, hubo preocupación en las ciudades argentinas ribereñas al río Uruguay por el impacto que tendría. Se temía que la contaminación visual afectara al turismo y que aumentara la polución sobre el curso de agua.
El escrito del Municipio argentino recordó que para poder acceder al expediente “se hicieron varios tipos de presentaciones”. Una de ellas fue “una solicitud de comunicación al Comité de Escazú, para que solicite al Uruguay que nos dé intervención”.
El acuerdo al que hizo mención refiere al primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe en incluir normas específicas para proteger a los defensores de los derechos humanos en estos asuntos.
“Con posterioridad a dicha solicitud, el Gobierno Uruguayo nos dio intervención. De hecho, nos contestaron”, añadió el Municipio. Por esta razón “la instancia del Comité de Escazú ya no era necesaria, lo cual comunicamos a dicho organismo”, abundó.
Por último, el documento remató: “Nuestra posición y comportamiento ha sido siempre el mismo desde el primer momento: respetar los canales diplomáticos para la resolución de este conflicto. De hecho, es lo que hasta ahora nos ha dado resultado”, concluyó.
De qué se trata la planta
El emprendimiento pretende generar e-combustibles sintéticos. Para ello, utilizaría dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y también hidrógeno verde generado a partir de energías renovables. Ponerlo en marcha implicaría 3 mil empleos en forma directa.
Se trataría de la mayor inversión extranjera en la historia del país vecino: USD 5.400 millones.
El emplazamiento original estaba 5 kilómetros al norte de Paysandú, frente al principal balneario de Colón. Ante las alarmas que sonaron en Entre Ríos y para evitar repetir la experiencia traumática de la pastera Botnia (hoy UPM), se activaron todos los canales de la diplomacia formal e informal.
El resultado fue relocalizar la planta en otro lugar. Se evitaría así la contaminación visual sobre el río y se reduciría el impacto en la biodiversidad.
Hasta que esto quede confirmado, la demanda penal que inició de oficio la fiscal Minatta y la causa civil por daño que interpuso Michel seguirán su curso, adelantaron ambos en declaraciones a este medio.
