La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció este martes que impulsará el juicio político contra Marta Elba Pascual, la jueza que este lunes suspendió por 60 días la implementación de la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años en el territorio bonaerense.
La medida libertaria es promovida por Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA y mano derecha de Karina Milei, junto a un equipo técnico y político que busca definir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada.
La denuncia de LLA se complementa con otra que realizó la asociación civil Usina de Justicia contra la magistrada, donde se apunta contra la Pascual por los supuestos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, sostuvo Pareja sobre la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La jueza decidió este lunes “suspender de manera preventiva” en Buenos Aires la Ley 27.801, que había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre, por entender que la provincia no cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
El diputado Pareja rechazó ese argumento: “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”. Y afirmó que “la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”. Para el titular de LLA PBA, “una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”.
Por su lado, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, calificó el fallo como una decisión que “deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente” y sostuvo: “La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.
La jueza Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que preside el cura villero Pepe Di Paola. La ley que bajó la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años quedó frenada en el territorio bonaerense hasta que el Poder Ejecutivo provincial informe, en una audiencia fijada para el 16 de septiembre, qué medidas adoptó para adecuar la infraestructura de los centros de detención a los estándares que exige la normativa.
