Un decreto del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) de Cuba, publicado este viernes, introduce nuevas regulaciones para las actividades de comercio interior, tanto mayorista como minorista, y reconoce el derecho a crear cadenas de tiendas, restaurantes y redes gastronómicas en todo el país.
La disposición, difundida en la Gaceta Oficial de la República, forma parte de un grupo de medidas orientadas a reorganizar el marco regulatorio del comercio en la isla. Desde 2021, este sector se abrió a nuevos actores privados, como las mipymes y las cooperativas no agropecuarias.
En sus disposiciones generales, el decreto 167 del Mincin señala que sus objetivos incluyen organizar y modernizar el comercio interior, perfeccionar las actividades comerciales de los diferentes actores económicos y fortalecer e incentivar las alianzas entre ellos.
El decreto también busca consolidar modalidades de comercialización de bienes y servicios, tanto estatales como no estatales, además de la inversión extranjera; fomentar el desarrollo del comercio local y la competencia leal y optimizar las cadenas de suministros que permitan la comercialización de productos.
Entre los principios definidos se encuentran la protección de los derechos de los consumidores, la competencia leal, la gestión integral de la demanda de consumo, la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica, la legalidad, la transparencia y la orientación a la satisfacción de las necesidades de la población.
El texto contempla la comercialización en el mercado interno “tanto en peso cubano como en divisas”.
El Mincin también publicó este viernes la Resolución 23, que introduce un nuevo clasificador de los establecimientos comerciales en el país, agrupándolos en tres categorías según calidad y confort: Alto Nivel, Nivel Medio y los de cercanía o barrios.
Además, la resolución define cuatro tipos de establecimientos según su actividad: venta de mercancías, servicios gastronómicos, servicios personales, técnicos, comerciales y de uso doméstico y alojamiento.
Una segunda resolución, la 24 del Mincin, establece los requisitos técnicos que deben cumplir todas las personas naturales y jurídicas —cubanas o extranjeras, así como sucursales y otras entidades autorizadas— para operar comercialmente en el país.
Entre estas exigencias figuran contar con canales de pago electrónico para la comercialización de bienes y servicios, facilitar el acceso a estos medios a consumidores y clientes, poseer los permisos y licencias vigentes, y exhibir un identificador visual del establecimiento que indique el tipo de actor económico.
Estas medidas forman parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen en junio, con el propósito de liberalizar y descentralizar la economía cubana, afectada por una prolongada policrisis derivada de factores internos y externos.
De estas 176 reformas, 134 (un 76,1%) ya cuentan con respaldo jurídico, según datos oficiales.
Las reformas contemplan cambios para dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, otorgar mayor “autonomía” a empresas estatales y permitir la participación de capital privado en la actividad financiera, entre otras medidas.
La implementación de estas políticas coincide con un escenario de crisis en Cuba desde hace seis años, intensificada desde enero, cuando comenzó el bloqueo petrolero de Estados Unidos y se sumaron sanciones adicionales con el objetivo de impulsar cambios políticos y económicos en la isla.
