La defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se comprometió este lunes en Caracas a continuar la revisión de casos de 328 presos políticos, mientras sus familiares protestaron frente a la sede del organismo para exigir respuestas y acompañamiento en la búsqueda de su liberación, según informó la agencia de noticias EFE.
La presión callejera abrió una semana de movilizaciones bajo la agenda llamada “Ruta de las respuestas pendientes”, que incluyó visitas a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Miraflores. El ciclo cerrará el domingo con manifestaciones en plazas dentro y fuera del país.
González Lobato dijo a la prensa que la institución tiene un equipo de seguimiento que recibirá a “todos los familiares” y revisará los expedientes que presenten, junto con las actuaciones ya realizadas. Agregó que en muchos de esos casos se requiere una articulación interinstitucional.
Los familiares llevaron la protesta a tres sedes
La funcionaria afirmó que, tras la revisión prevista para este lunes, la Defensoría hará declaraciones “a la brevedad posible”. La exigencia de los manifestantes fue doble: atención individual para cada caso y visitas e inspecciones a los centros de reclusión.
La activista Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, dijo a la agencia que luego sostuvieron una reunión con la defensora. Según relató, la funcionaria se comprometió a revisar expedientes con patologías graves de salud, penas cumplidas y retardo procesal.
Los familiares de presos políticos iniciaron cuatro protestas en una semana y buscaron interlocución con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Ejecutivo. La consecuencia inmediata fue el compromiso oficial de revisar expedientes y coordinar gestiones sobre casos de salud, condenas ya cumplidas y demoras judiciales.
La próxima escala apuntó al palacio presidencial
De acuerdo con la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, todavía hay 328 detenidos en el país pese al proceso de excarcelaciones que comenzó en enero. Ese proceso permitió la salida de cientos de personas, entre ellas extranjeros.
“Ni uno ni dos, que sean todos”, corearon los manifestantes frente a la Defensoría. Antes, Ávila también pidió la presencia de la Cruz Roja Internacional en la cárcel de El Rodeo I y reclamó que esa organización hiciera públicas las necesidades observadas en distintos centros de reclusión.
El coordinador del equipo jurídico de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que los familiares no solo exigieron liberaciones, sino también el fin de “los maltratos a los presos”. Añadió que este lunes lograron avanzar en una coordinación con funcionarios de la Policía Nacional y la Defensoría para garantizar que el próximo viernes puedan ir a Miraflores.
Ese día, el grupo convocado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregará una comunicación dirigida a Delcy Rodríguez y a su Gobierno, en un lugar custodiado donde se prohíben protestas antigubernamentales.
