Este lunes, una reciente resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó que continúen las obras del nuevo salón de baile y un complejo subterráneo de seguridad en la Casa Blanca, un proyecto impulsado por el presidente Donald Trump.
El fallo revocó decisiones de tribunales inferiores y frenó, por ahora, la demanda de una organización dedicada a la preservación histórica.
La construcción del salón de baile, con un avance del 65%, podría concluirse en los próximos meses, según documentos oficiales citados por The Washington Post y The New York Times.
La Corte se enfocó en la falta de legitimación del National Trust for Historic Preservation, entidad que impugnó el proyecto, y concluyó que los demandantes no demostraron un daño personal directo.
La decisión no resolvió la legalidad de la ampliación, sino quién puede demandar en casos de este tipo. De acuerdo con The Washington Post, el fallo abrió un debate sobre el costo, el procedimiento y el impacto sobre el patrimonio histórico.
Características del proyecto y argumentos de seguridad
El nuevo salón de baile ocupará aproximadamente 8.400 metros cuadrados y tendrá capacidad para alrededor de 1.000 invitados.
Bajo la superficie, se desarrolla un complejo subterráneo de cinco niveles con hospital incluido y refugios de seguridad.
El plan también prevé la modernización del Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia y nuevos sistemas de protección, como cristales antibalas, columnas resistentes a misiles, techo a prueba de drones y filtros contra amenazas químicas.
La administración Trump justificó la obra por motivos de seguridad nacional. Entre sus argumentos, mencionó amenazas recientes, incluido un intento de asesinato registrado en 2024, y la necesidad de reforzar la seguridad del presidente, su familia y los visitantes.
Financiamiento y cuestionamientos por el proceso
El costo y la financiación del proyecto generaron controversia. Aunque Trump prometió que la obra se pagaría con donaciones privadas, The New York Times y The Washington Post informaron que en junio la administración reasignó USD 350 millones del presupuesto del Servicio Secreto para mejoras de seguridad y autorizó inversiones adicionales por USD 220 millones.
Según esos reportes, el Gobierno también adjudicó un contrato sin licitación por USD 500 millones para el salón de baile. Con esos movimientos, el presupuesto total se ubicó en USD 600 millones, con una parte financiada con fondos públicos.
El National Trust sostuvo que la Casa Blanca buscó evitar revisiones legislativas y judiciales. Un informe ambiental del Servicio de Parques Nacionales advirtió que la nueva estructura alteraría la perspectiva visual y la continuidad histórica de los terrenos.
División en la Corte y estado del litigio
El National Trust for Historic Preservation había argumentado que las obras en el salón de baile debían detenerse hasta que el Congreso las aprobara.
Los tribunales inferiores respaldaron esa posición y en dos ocasiones ordenaron suspender la construcción. Sin embargo, esas medidas fueron interrumpidas durante el proceso de apelación, lo que permitió que la Casa Blanca mantuviera los trabajos en marcha.
Este lunes los magistrados del máximo tribunal afirmaron que los defensores del patrimonio carecían de fundamentos legales, dado que no se vieron directamente perjudicados por el proyecto.
“Hoy no nos pronunciamos sobre la legalidad del proyecto del Ala Este del Gobierno”, escribió la mayoría de la Corte en un fallo sin firma. Y agregó: “Simplemente concluimos que, con base en las alegaciones presentadas ante nosotros, es probable que el Gobierno prevalezca al demostrar que el fideicomiso carece de legitimación procesal para impugnar el proyecto ante un tribunal federal”.
El fallo dividió a los magistrados. El presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., junto a los tres jueces liberales, discrepó con la mayoría y expresó su preocupación por el valor simbólico y arquitectónico de la Casa Blanca.
Roberts advirtió que la decisión judicial “no representa una victoria para la separación de poderes” y reclamó mayores garantías para preservar el edificio.
La decisión de la Corte Suprema fue la segunda intervención del tribunal sobre el proyecto en menos de dos semanas. El primer pronunciamiento llegó el 21 de agosto, cuando el presidente del tribunal emitió una medida provisional para darles a los jueces más tiempo para analizar el pedido del Gobierno de dejar sin efecto las órdenes de los tribunales inferiores que habían frenado las obras.
Como Roberts es el encargado de tramitar las solicitudes de emergencia provenientes del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, actuó por su cuenta. No explicó los motivos de aquella decisión, que permitió mantener la construcción en marcha mientras la Corte analizaba el caso. La resolución conocida ahora, en cambio, refleja la posición de nueve miembros del tribunal supremo.
Otras iniciativas y alcance de la ampliación
La ampliación figura entre los cambios más notorios en la fisonomía de la Casa Blanca desde mediados del siglo XX.
Además del salón de baile y el búnker, Trump propuso construir un arco triunfal fuera de Washington e incluir su nombre en espacios emblemáticos, iniciativas que enfrentaron resistencia legal y social.
La resolución habilitó que el proyecto continúe durante el segundo mandato de Trump, pero la discusión sobre su legitimidad y su financiamiento sigue abierta.
