La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 3 de septiembre la sanción penal contra quien facilite a personas adolescentes el consumo de alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas en el Estado de México.
La SCJN concluyó que esa expresión sí cumple con el principio constitucional de taxatividad y permite proteger de forma reforzada a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos para su vida, salud, integridad y desarrollo.
Dicha resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 4776/2025, resuelto por el Pleno en sesión de este miércoles, según el comunicado difundido por la SCJN. El criterio se centró en el párrafo primero del artículo 204 del Código Penal del Estado de México.
Concluye el Pleno que “facilite” describe una conducta penalmente identificable
El Máximo Tribunal determinó que la palabra “facilite”, contenida en esa norma, no es ambigua al grado de volver inconstitucional el tipo penal. La disposición sanciona a quien, por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad el consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas.
Argumentó el Pleno que el principio de taxatividad exige que las normas penales describan con suficiente claridad las conductas prohibidas. El objetivo es que las personas conozcan qué comportamientos generan responsabilidad penal y que se eviten aplicaciones arbitrarias.
La Corte precisó que esa exigencia no obliga al Poder Legislativo a definir de manera exhaustiva cada palabra usada en un tipo penal. Añadió que el significado de los términos puede obtenerse a partir de su sentido gramatical, de su relación con el resto de la disposición y del contexto en que debe aplicarse la norma.
Con esa base, la SCJN señaló que “facilitar” significa hacer posible, sencillo o accesible que una conducta se realice. En el caso del artículo analizado, esa expresión abarca acciones que hagan posible o más sencillo que una niña, niño o adolescente consuma alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas.
Entregar directamente las sustancias es solo una de las formas previstas
El Pleno también aclaró que proporcionar o entregar directamente esas sustancias puede constituir una forma de facilitación. Aun así, indicó que esa conducta no agota todas las modalidades que contempla la disposición penal.
La razón, expuso el tribunal, es que el artículo prevé que la conducta pueda cometerse “por cualquier medio”, siempre que estén presentes los demás elementos necesarios para configurar el delito. Eso amplía el alcance de la norma más allá de la entrega directa de alcohol o de otras sustancias.
Sostuvo la SCJN, además, que la disposición tiene una finalidad de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes. Ese objetivo se vincula con el interés superior de la niñez y con la tutela de su vida, su salud, su integridad y su desarrollo.
Gran parte de la población mexicana apoya subir los impuestos a las bebidas alcohólicas
La mayoría de los mexicanos respalda subir impuestos y restringir la venta de alcohol, en un contexto en el que su consumo provoca cerca de 40 mil muertes al año y costos sociales por 552 mil millones de pesos en México, de acuerdo con datos retomados por la Red de Acción Sobre Alcohol.
Según el análisis del Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sobre la ENCODAT 2025, 67% de la población apoya aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas. Incluso entre quienes beben con frecuencia, 52.7% está de acuerdo con esa medida.
El mismo ejercicio reporta respaldo amplio a cambios sobre disponibilidad y promoción. 88% de los encuestados avala reducir los horarios de venta, 86.9% está a favor de eliminar el patrocinio de bebidas alcohólicas en equipos o eventos deportivos, 86.8% apoya elevar la edad mínima para comprar alcohol y 79.4% plantea reducir el número de establecimientos de venta.
El apoyo social alcanza precio, horarios, publicidad y puntos de venta
La doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, dijo que estos resultados muestran apertura social para modificar políticas públicas orientadas a reducir el consumo y sus consecuencias.
Murguia explicó que el consumo ocurre dentro de un entorno marcado por precio, disponibilidad, publicidad, horarios y puntos de venta. A partir de eso, sostuvo que modificar ese entorno es una herramienta legítima de salud pública.
Por separado, RASA informó sobre un primer estudio elaborado por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ese trabajo señaló que 95.7% apoya garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento, 95.7% respalda endurecer las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 92.8% está de acuerdo con ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.
RASA también difundió una encuesta de DINAMIA levantada en CDMX. En ese sondeo, 94% de la población consideró el alcohol como un problema de salud pública.
La misma encuesta registró a la violencia como principal preocupación en 75% de los casos. Además, 83% expresó preocupación por las agresiones contra las mujeres y 78% por la violencia familiar.
