Las mujeres pensionistas en España cobran 499,63 euros menos al mes que los hombres y, al mismo tiempo, son ellas quienes sostienen de forma mayoritaria y sin remuneración el cuidado de otras personas dependientes. De hecho, el 72% de las personas cuidadoras familiares son mujeres, y un 7,5% de ellas supera ya los 80 años. El Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO), documenta cómo la desigualdad de género atraviesa de forma sistemática cada uno de los pilares del sistema de protección social dedicados a la vejez en España, desde las pensiones hasta la atención a la dependencia.
El informe sostiene que la Seguridad Social traslada de forma directa las desigualdades del mercado laboral al sistema de pensiones por su carácter contributivo: cuanto más extensa y mejor remunerada haya sido una carrera profesional, mayor será la protección económica al llegar a la jubilación. Esa lógica perjudica de manera desigual a las mujeres, que arrastran mayores tasas de informalidad laboral, salarios más bajos, más tiempo parcial no deseado y la atribución histórica de las tareas de cuidado.
La brecha salarial se convierte en brecha de pensión
Según los datos de la Seguridad Social citados en el informe, las pensiones en vigor muestran una diferencia de casi 500 euros mensuales entre hombres (1.627,12 euros) y mujeres (1.127,49 euros), lo que equivale a una brecha del 30,7%.
La distancia se reduce al observar las nuevas altas, es decir, las pensiones que se reconocen actualmente a quienes se jubilan. En ese grupo, la diferencia baja a 333,16 euros mensuales, una brecha del 20,7%. El documento interpreta esta mejora de casi diez puntos porcentuales como una señal de que las trabajadoras que hoy alcanzan la edad de jubilación acumulan carreras de cotización más prolongadas y estables que las generaciones anteriores.
Cuidar sin cobrar, incluso pasados los 80 años
La desigualdad no se limita a las cuantías de las pensiones. El Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) revela una división del trabajo de cuidados asimétrica. El 72% de las personas cuidadoras familiares en España son mujeres, según los datos recogidos en el observatorio.
Uno de los datos más señalados del informe es que el 7,5% de las personas cuidadoras familiares supera los 80 años, lo que implica que una parte del sistema de cuidados descansa sobre mujeres mayores que asisten a otras personas dependientes, en ocasiones sus propios cónyuges, en una etapa de la vida en la que ellas mismas podrían necesitar asistencia. El documento vincula este fenómeno con el crecimiento sostenido de la Prestación Económica de Cuidado Familiar (PECF), una ayuda que se paga a la propia familia para que sea esta quien cuide a la persona dependiente en el hogar en lugar de contratar un servicio profesional. La propia ley la define como “excepcional”, pero desde 2024 concentra dos de cada tres nuevas personas protegidas por el SAAD.
El texto sostiene que priorizar esta ayuda económica sobre los servicios profesionales “contribuye a perpetuar la división sexual del trabajo”, ya que empuja a las cuidadoras hacia el subempleo precario y la economía sumergida, sin acceso a derechos laborales ni protección social efectiva.
El estudio identifica un segundo mecanismo con impacto directo de género: la Prestación Económica Vinculada a un Servicio (PEVS), que entrega una ayuda a las familias para que contraten servicios privados por su cuenta, pero casi nunca cubre el coste total: la Administración reduce la ayuda según los ingresos de la familia, y esta debe poner de su bolsillo lo que falta para cubrir el precio real del servicio privado, que suele ser elevado. Como consecuencia, buena parte de las familias termina por descartar la opción del cuidado profesional. En su lugar, optan por que un familiar se haga cargo del cuidado en el hogar, sin ningún tipo de pago ni reconocimiento laboral por ese trabajo, una tarea que recae normalmente sobre las mujeres.
Por otra parte, el informe destaca que el empleo formal generado por el propio SAAD también tiene un fuerte componente femenino: de los 550.000 empleos directos creados por el sistema, el 82% corresponden a mujeres y el 11% a personas trabajadoras de origen extranjero.
Viven más años saludables, pero perciben peor su propia salud
El informe cierra este recorrido con un dato que contrasta con la mayor longevidad femenina. Las mujeres cuentan con 2,2 años más de esperanza de vida saludable a los 65 años que los hombres, según los datos del Ministerio de Sanidad recogidos en el estudio. Sin embargo, en casi todas las comunidades autónomas, con la excepción de Melilla, el porcentaje de hombres que valora positivamente su estado de salud supera al de las mujeres.
El propio informe plantea una explicación posible para esta paradoja: muchas mujeres mayores continúan encargándose de tareas de cuidado del hogar durante la jubilación, una responsabilidad que los hombres no asumen en la misma proporción, lo que podría prolongar hasta la vejez una carga que condiciona la percepción del propio bienestar.
