La diputada Anali Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de que la presidenta Keiko Fujimori pueda destituir al comandante general Óscar Arriola antes de que concluya su mandato de dos años, mediante la causal de “pérdida de confianza”.
La iniciativa modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1267, que fue reformado en 2022 por la Ley N.º 31570. Esa norma fijó un período de dos años para el comandante general de la PNP y estableció un listado de cinco causales para su cese anticipado: muerte, invalidez plena permanente, retiro voluntario, falta muy grave y sentencia condenatoria firme por delito doloso. Antes de la reforma de 2022, un jefe de la PNP podía ser retirado por pérdida de confianza.
El proyecto de Márquez Huanca añade al listado la pérdida de confianza “debidamente fundamentada por el Poder Ejecutivo”. Esta se presentaría en los siguientes escenarios:
- La falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.
- El deficiente desempeño operativo en el cumplimiento de las funciones institucionales.
- El incumplimiento de las metas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
- La evaluación de resultados institucionales vinculados a la eficacia de las acciones destinadas a garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana.
De acuerdo con el texto del proyecto, la remoción por pérdida de confianza deberá formalizarse mediante Resolución Suprema debidamente motivada, bajo los principios de transparencia, razonabilidad y responsabilidad en la gestión pública.
La exposición de motivos del proyecto sostiene que el marco vigente “limita la capacidad del Poder Ejecutivo para adoptar decisiones oportunas respecto a la permanencia del Comandante General” y cita como respaldo el artículo 118 de la Constitución, que asigna al presidente de la República la función de velar por el orden interno y la seguridad exterior.
El primer proyecto de Juntos por el Perú
La diputada Catherin Palomino, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, ya había presentado un primer proyecto de la misma bancada con el mismo objetivo de habilitar el cese de Arriola. Esa iniciativa no recurre a la pérdida de confianza, sino que incorpora una séptima causal basada en la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”, con cuatro supuestos específicos:
- Grave afectación de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta o la conducción estratégica de la PNP, acreditada con información objetiva y verificable
- Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, sustentado en un informe técnico del Ministerio del Interior
- Negligencia grave que afecte de forma sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la PNP
- Actos u omisiones en el ejercicio del cargo que dañen gravemente la institucionalidad, la disciplina o la legitimidad de la institución policial
El proyecto de Palomino exige, además, que el motivo del cese se comunique personalmente al comandante general y se sustente por escrito. Ambas iniciativas deberán ser analizadas primero por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y, de obtener dictamen favorable, pasarán al Pleno y luego al Senado.
