Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – La Cámara Federal de Casación Penal deberá decidir si avanza el juicio oral contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien tiene prisión preventiva y enfrenta tres acusaciones vinculadas con hechos de corrupción judicial. Los fiscales federales de Rosario, que trabajan junto a la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), entendieron que la instrucción estaba completa y solicitaron llevar el caso a juicio. En febrero pasado, el Ministerio Público presentó tres acusaciones contra Bailaque y el resto de los imputados y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión para el ex magistrado, quien renunció para evitar la destitución, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, la defensa de Bailaque y otros imputados plantearon que el expediente no se sustancie bajo el sistema acusatorio, vigente desde mayo de 2024 en la jurisdicción de Rosario. Tanto en primera instancia como en la Cámara Federal de Rosario se confirmó el procesamiento con prisión preventiva, que Bailaque cumple bajo la modalidad domiciliaria, y se ratificó que el expediente tramite bajo ese Código Procesal, que acelera los tiempos. La Cámara Federal de Casación Penal también validó esa decisión. Sin embargo, cuando la defensa de Bailaque apeló, Casación rechazó los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema en dos de las acusaciones, pero concedió el correspondiente al expediente que analiza la extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Ese episodio fue confesado, en calidad de arrepentido, por el ex jefe de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna. Ante ese escenario, el Ministerio Público reclamó que se fijara fecha para el inicio del debate, pero el juez Aníbal Pineda, de la Cámara Federal de Rosario, rechazó avanzar en el expediente por la extorsión hasta que la Corte Suprema trate el recurso. Pineda decidió suspender la tramitación del legajo y mantener la causa bajo la jurisdicción del Colegio de Jueces de Garantías. Según explicó en declaraciones periodísticas realizadas en los últimos días, existía el riesgo de que todo lo actuado quedara nulo. El Ministerio Público apeló la resolución y afirmó que la decisión implicaba una injerencia jurisdiccional en una materia perteneciente al ámbito propio de la acusación. Además, sostuvo que la suspensión favorecía, en los hechos, la estrategia de quien promovió el planteo de competencia y afectaba la estrategia de persecución, al tiempo que advirtió que el fallo implicaba la paralización y fragmentación del caso. Pineda analizó el planteo y concedió la apelación, por lo que ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá volver a evaluar los planteos y definir si el proceso contra Bailaque avanza a juicio oral. Bailaque está acusado por tres hechos. Uno de ellos consiste en haber orquestado una causa penal ficticia junto a otros partícipes para dañar la reputación y presionar a directivos de empresas, con el objetivo de exigirles dinero a cambio de influir en decisiones judiciales y administrativas. También se lo acusa de aceptar beneficios económicos indebidos encubiertos bajo contratos de locación simulados, mediante alquileres canalizados a través de una mutual y aprovechándose de su condición de magistrado federal. La tercera acusación apunta al blanqueo de capitales de origen delictivo, agravado por su rol de funcionario público, mediante operaciones financieras irregulares y la compra de bienes raíces por debajo de su valor de mercado. Agencia NA