Una nueva crisis interna sacude al Pacto Histórico tras la decisión de cinco congresistas de la bancada de votar a favor de que la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitara a la Fiscalía el traslado del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del abogado penalista Jesús María Valle.
Este movimiento, sumado al rechazo de la Fiscalía a la solicitud de traslado, desató un intenso enfrentamiento público en redes sociales y evidenció profundas divisiones dentro de la coalición de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que llevaron a que la senadora Isabel Zuleta sentara su posición sobre esta controversia.
El detonante fue la revelación de que los representantes Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas—todos del Pacto Histórico—votaron junto a otros partidos a favor de trasladar el expediente a la Comisión de Acusaciones.
La decisión sorprendió porque desde sus inicios el Pacto Histórico ha criticado con dureza a dicha comisión y la ha calificado de “comisión de absolución” por su baja efectividad para condenar o acusar formalmente a expresidentes.
“Con una inmensa tristeza y preocupación quedé con la explicación dada por el @PactoCol, entiendo que el CD fue el que impulsó la proposición y que tenían la mayoría de votos, pero así hubiésemos perdido el deber moral era votar no, dejar las constancias que las víctimas esperamos”, inició la réplica de la congresista, que además de su mensaje en X el viernes 29 de agosto, también compartió un video con algunas de sus conclusiones.
Zuleta detalló lo que podría suceder pronto en este caso judicial y se mostró impotente frente a la situación.
“El efecto práctico de esto es que los abogados de la defensa del señor Uribe pedirán que se aplace la indagatoria prevista para el 4 de septiembre en la @FiscaliaCol”, explicó la senadora, que no ocultó su desazón al afirmar: “Tantos años esperando, sufriendo en silencio el destierro miles de desplazados que quedamos vivos pero con el alma rota por la manera como nos arrancaron de esas montañas hermosas de Ituango, no es justo que se atrase ni un día esta oportunidad esperada para avanzar en algo en la justicia tan esquiva para mi adolorido territorio”.
Zuleta expresó que “cuando ocurrieron las masacres de El Aro y de La Granja en mi municipio, el municipio de Ituango, Antioquia, el señor Álvaro Uribe Vélez era gobernador del departamento. Ninguna competencia tiene el Congreso de la República”.
Para la hoy senadora, Uribe Vélez “nunca debió ser presidente de nuestro país porque su participación quedó probada”. Zuleta fue más allá y puntualizó: “Las víctimas lo sabemos. Las víctimas del paramilitarismo en Antioquia y específicamente en Ituango sabemos de su responsabilidad. No fueron las únicas masacres que ocurrieron, muchas otras. Yo documenté más de doscientas masacres en el cañón del río Cauca y específicamente masacres tan aterradoras como las que ocurrieron en Orobajo, en Barbacoas, vecinos municipios de Ituango, pero del mismo cañón del río Cauca en donde queda El Aro”.
“Sabíamos lo que querían, sabíamos el dominio del territorio que buscaban. Así que no, la competencia no es del Congreso de la República. Sabemos que la defensa de Álvaro Uribe Vélez es eludir la responsabilidad y eludir a la justicia. Eso es lo que ha hecho durante tantos años, eludir la justicia para que su proyecto político de derecha no salga afectado. Mucho menos en este momento en el que están en una crisis, en una disputa entre la derecha extrema y la derecha que representa este señor Álvaro Uribe Vélez”, expuso más adelante dentro de sus argumentos la senadora Zuleta.
La congresista habló más adelante en la grabación y “como víctima” rechazó “que se haya presentado por parte de la bancada del Centro Democrático esta proposición, pero también que haya sido aprobada por mi bancada”.
Además de su inconformidad con lo que se resolvió en la Comisión de Acusaciones, la senadora le exigió “justicia a la Fiscalía”, y que se “avance con lo que ya las víctimas sabemos y es su responsabilidad (según Zuleta, de Uribe), que avance con la justicia, porque nosotros no solo no estamos dispuestos a negociar bajo ningún criterio impunidad para los grandes criminales de este país”.
Al final del video, la congresista le expresó a su partido (Pacto Histórico) que “sea coherente con las víctimas”.
“Yo lamento esta situación y la instrumentalización también que se está haciendo por parte de algunos abogados que no han estado con las víctimas. No han estado en Ituango. Se han apropiado de las luchas. Pero definitivamente no puede ser que este caso llegue a ser investigado por el Congreso de la República, porque no tiene competencia ni su Comisión de Acusaciones ni de ninguna manera el Congreso, porque el señor Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia en ese momento”, concluyó Zuleta.
La justificación de Gabriel Becerra, uno de los cinco congresistas del Pacto Histórico que votó en la Comisión de Acusaciones
En un intento por justificar su actuación, el representante Gabriel Becerra difundió un comunicado oficial, respaldado por los otros congresistas del Pacto involucrados (Toro, Pizarro, Landínez y Bastidas), en el que aseguran que “no existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas”.
“No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, añade el documento, en el que los cinco explicaron que en principio consideraron “razonable y jurídicamente pertinente” clarificar la competencia procesal, pero al final respaldaron “que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”, detalla la respuesta oficial.
Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a otros referentes de la coalición. Una de ellas, la senadora Carolina Corcho, le respondió de forma contundente a Becerra vía X.
“Apreciado colega, es obvio que la competencia para investigar al señor Álvaro Uribe es de la Fiscalía, dado que los hechos que se le imputan, las dos masacres y el asesinato de Jesús María Valle, se dan entre 1996 y 1998 cuando él era Gobernador de Antioquia, antes de ser Presidente que fue 2002 a 2010, donde no hay hecho investigado. Los hechos fueron previos a su Presidencia, luego no existe duda de que es la fiscalía quien debe investigarlo”, señaló la exministra de Salud de la administración de Gustavo Petro y con una posición similar a la que expresó Zuleta.
Corcho recalcó en su réplica a Becerra que en 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró estos crímenes como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, y sentenció: “No es aceptable el voto que hicieron”.
Por su parte, el representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, sumó críticas desde otras corrientes políticas ajenas al Pacto Histórico y señaló la decisión como “la hipocresía del Pacto Histórico en su máxima expresión”.
Por su parte, la Fiscalía General rechazó la solicitud de traslado del expediente y, como estaba en el calendario, el 4 de septiembre se llevará a cabo la diligencia de indagatoria de Uribe en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá.
La palabra final sobre quién debe juzgar a Uribe la tendrá la Corte Constitucional, que deberá estudiar los argumentos técnicos de ambas partes y emitir un fallo definitivo.
Según el acta de la sesión del 19 de agosto, 15 de los integrantes de la Comisión Legal de Investigación y Acusación votaron por el “sí”, uno por el “no” y otro voto fue “excluido”. Entre quienes apoyaron la solicitud estuvieron congresistas del Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) y el propio Pacto Histórico, lo que generó aún más confusión y polémica sobre eventuales alianzas políticas.
Así quedó la votación en la Comisión de Acusaciones:
