En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró el domingo 30 de agosto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que este flagelo sigue afectando gravemente al país; una fecha que se conmemora desde 2011, tras la resolución aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que sirve para recordar a las personas desaparecidas y exigir verdad, justicia y memoria para sus familias.
“Miles de familias llevan años preguntándose dónde están sus seres queridos desaparecidos y qué les pasó”, expresó Marín a través de sus redes sociales, en las que se expresó sobre esta realidad que sigue afectando la memoria del país. Cabe destacar que las familias de pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom viven la búsqueda de manera diferenciada y cuentan con un marco de protección reforzada.
Y es que de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), el universo de personas desaparecidas en Colombia asciende a 137.000; mientras que el Registro Único de Víctimas (RUV), por su parte, documentón a 211.310 víctimas de desaparición forzada hasta el 31 de julio de este año. “Cada una tiene un nombre, una historia de vida y vínculos que permanecen”, expresó la titular del organismo.
El fenómeno no da tregua. Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo atendió 2.145 casos de desaparición forzada, una cifra que ya se aproxima al total registrado en 2025, según el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (Siijt). De esta manera, la entidad también recibió 244 declaraciones por este delito en el primer semestre, todas relacionadas con el conflicto armado en el territorio nacional.
Impacto en las familias y el papel de las mujeres
La labor de búsqueda ha recaído de forma mayoritaria en las mujeres. La Defensoría del Pueblo reportó que más del 63% de las personas buscadoras son del género femenino, muchas de ellas mayores de 60 años, lo que pone en evidencia la necesidad de un relevo generacional para asegurar la continuidad de estos procesos. “En este día reconocemos su búsqueda incansable y su derecho a obtener respuestas”, dijo Marín, que pidió presencia estatal.
Asimismo, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría ha detectado escenarios de riesgo asociados a la disputa por economías ilícitas, el reclutamiento de menores, la trata de personas y las rutas migratorias, con especial atención en las zonas del Darién, Norte de Santander y San Andrés; zonas consideradas vulnerables, toda vez que cuentan con una naturaleza geográfica de fronteras especial y una posición geopolítica estratégica.
Este sistema también documentó afectaciones a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como a firmantes del Acuerdo Final en proceso de reincorporación.
En la misma línea, el más reciente informe más reciente del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia indicó que 58 firmantes del Acuerdo de Paz han sido reportados como desaparecidos desde la firma, en noviembre de 2016; en un dato que coincide con las advertencias del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada sobre la persistencia del fenómeno en Colombia.
Las cifras de la Defensoría en la atención a las víctimas
Durante 2025, la Defensoría orientó a 2.183 personas con género identificado, de las cuales el 65,9% eran mujeres. Entre enero y agosto de 2026, esa proporción aumentó al 68,9%. En este mismo apartado, el Siijt señaló que la desaparición forzada concentró el mayor volumen de atención en 2025, con 3.205 casos; y solo en los primeros ocho meses de 2026, la cifra ya llegó a 2.145, lo que encendió las alertas de la entidad.
El universo de personas buscadoras, según la Ubpd, suma 51.716 personas registradas, de las cuales más del 63% son mujeres, y 54.076 familiares o allegados han acudido a la Unidad en busca de respuestas. Es por ello que Marín reiteró el compromiso de la Defensoría de recordar su dolor y reiterar su compromiso de seguir trabajando de su lado en pro del esclarecimiento del paradero de sus seres queridos, en un país que se repone de sus heridas.
A esto se suma que tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a San José del Palmar (Chocó) el 10 de agosto, la Defensoría, junto con la Ubpd, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior y más de 15 organizaciones, llamó a proteger los cementerios afectados, como los de Roldanillo y Siloé (Valle del Cauca), Sonsón y Caramanta (Antioquia) y San Camilo (Risaralda); pues allí reposan cuerpos de desaparecidos.
La entidad fue explícita al señalar que la búsqueda de personas desaparecidas es un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, y una obligación del Estado que no depende de la existencia de un proceso penal ni de una denuncia previa. Por ello, se le recordó a la ciudadanía que cualquier persona puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante cualquier autoridad judicial sin abogado y sin esperar 72 horas para activar los protocolos.
