Un empresario gastronómico de Salta fue imputado formalmente por trata de personas con fines de explotación laboral luego de que una inspección en su finca revelara que siete trabajadores vivían con piso de tierra, camas hechas con palets y baños de letrinas.
La Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la investigación penal ante el juez federal de Garantías N°2 de la provincia, Diego Anzorreguy, quien aceptó este miércoles la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La agravante responde al número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la consumación del hecho. Junto a Villalba y Gallo, el equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó a la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y al abogado José Manuel Lavilla.
El caso tiene su punto de partida en una denuncia anónima recibida a través del servicio telefónico gratuito 145, la línea habilitada por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas. La llamada apuntó a una posible situación de precariedad laboral en una finca ubicada en Cerrillos, dedicada a la producción porcina y también al cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas.
Con la intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó una inspección al establecimiento, donde se detectaron condiciones insalubres e irregularidades graves en la percepción de ingresos por parte de los empleados. A partir de esos hallazgos, la Unidad Fiscal Salta avanzó con las actuaciones preliminares que había iniciado en marzo de este año, lo que permitió acumular mayores pruebas de la presunta actividad ilegal. En paralelo, se notificó al imputado sobre las tareas que llevaba adelante el MPF.
Durante la audiencia de formalización, los fiscales exhibieron fotografías de la finca y detallaron la situación de los 20 trabajadores que se encontraban en el lugar, aunque la imputación recae específicamente sobre siete de ellos. Las imágenes mostraron habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets y baños de letrinas. Para asearse, los trabajadores debían calentar agua en tachos.
En materia salarial, Pedrano señaló que las remuneraciones no superaban, en general, los 500.000 pesos, con una carga horaria que calificó como excesiva y sin que se abonaran horas extras, feriados ni domingos. Tampoco se cubría a los empleados cuando se enfermaban o sufrían un accidente. Uno de los trabajadores padeció una lesión en una pierna durante su jornada, no fue asistido por el empresario y tuvo que ser trasladado por un familiar. No recibió compensación alguna ni se le pagaron los días que no pudo trabajar.
La fiscalía también describió otra maniobra habitual e ilegal: el empresario registraba a sus empleados como personal para la cosecha de tabaco —lo que implica una carga salarial menor— para luego derivarlos a otras actividades, en particular a la cría de cerdos negros, especialidad de un local gastronómico de su propiedad, y a la cosecha de aceitunas. Según explicaron los representantes del MPF, esta práctica permite a los empleadores reducir el costo laboral de manera fraudulenta.
Entre los afectados había adultos mayores a quienes se les asignaban tareas excesivas con pagos exiguos. Uno de ellos debía concurrir al comedor de Cáritas porque sus ingresos no le alcanzaban para alimentarse. Como contrapunto, los fiscales pusieron sobre la mesa la situación financiera del imputado: según los datos aportados por ARCA, el empresario registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026. Con esos números, el MPF argumentó que el acusado contaba con la solvencia para garantizar condiciones de vivienda dignas y para cumplir con el pago salarial previsto por la ley.
Tras la exposición de la fiscalía, el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, quien representa a tres de los afectados, adhirió a la posición del MPF y solicitó la formalización de la imputación. El juez Anzorreguy fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación e impuso al empresario medidas coercitivas que incluyen la prohibición de salida del país y el impedimento de tomar contacto con determinados empleados.
Al prestar declaración, el imputado rechazó los cargos. “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, sostuvo. Sobre las condiciones en que vivían sus trabajadores, argumentó que los baños con letrina no estaban habilitados pero que los empleados los utilizaban de todas formas. Respecto de las habitaciones de adobe, admitió que su error fue “no haber derribado esas piezas” e indicó que dispone de viviendas con aire acondicionado y televisión satelital, aunque sostuvo que durante la inspección no se tomaron fotografías de esos espacios.
