Una sargento de la Policía Bonaerense quedó imputada por un grave error en la morgue policial de Moreno que terminó con dos cuerpos intercambiados y un veterano de Malvinas enterrado con la identidad de otro hombre. El caso fue revelado días atrás por Telenoche.
Se trata de Ingrid Liliana Gitzel, acusada por la Justicia de no haber cumplido correctamente con los procedimientos de identificación y rotulación de los cuerpos.
Sin embargo, su defensa ya trazó una estrategia clara: niega que la mujer haya cometido la falla y apunta directamente contra el funcionamiento de la morgue y su jefe, el perito Roberto Espinosa.
Un entierro con honores para la persona equivocada
El error tuvo una consecuencia especialmente dolorosa para los allegados de Pedro Manuel Peñalver, que sepultaron sus restos con honores militares como veterano de Malvinas, y después descubrieron que el cuerpo que descansaba en su lugar era el de Adolfo Brizuela, otro hombre en situación de vulnerabilidad que había muerto en circunstancias diferentes.
La situación salió a la luz cuando desde la Policía se comunicaron con la familia de Peñalver para advertir sobre unas marcas que presentaba el cuerpo.
Sin embargo, al revisar nuevamente los cuerpos conservados en la morgue, los investigadores encontraron al verdadero excombatiente.
Así comenzó a reconstruirse una cadena de errores que ahora intenta determinar en qué momento y bajo responsabilidad de quién se produjo el intercambio de identidades.
La imputación de la sargento
Por el caso, la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Moreno-General Rodríguez inició una investigación e imputó a la sargento Ingrid Liliana Gitzel, a quien se le atribuye haber incumplido los procedimientos establecidos para la identificación, rotulación y traslado de los cuerpos.
Según la acusación, la sargento no habría realizado la correcta identificación en el lugar donde se produjo la muerte, lo que derivó en que ambos cuerpos llegaran a la morgue sin estar debidamente individualizados.
A partir de esa confusión, las autopsias y los registros se realizaron con datos equivocados. La cadena de custodia quedó alterada y, finalmente, uno de los cuerpos fue entregado a una familia que no era la suya.
La defensa apunta contra el jefe de la morgue
Por su parte, la defensa de la sargento Gitzel sostiene una versión completamente diferente.
Su abogado, Rodrigo Tripolone, aseguró que la policía cumplió con el procedimiento y que identificó y rotuló correctamente ambos cuerpos antes de dejarlos en la cámara frigorífica.
Según su explicación, el problema se habría producido posteriormente, cuando uno de los cuerpos fue retirado para realizar una autopsia urgente.
Para Tripolone, el médico de guardia habría tomado el cuerpo equivocado y realizado el procedimiento sin verificar elementos básicos como la identidad, la ropa o las marcas particulares del cadáver.
El abogado también puso el foco sobre Roberto Espinosa, jefe de la morgue, a quien señaló por presuntas irregularidades y por su actuación en el manejo de los cuerpos. Incluso, el letrado sostuvo que existen antecedentes de una confusión similar.
En diálogo con NA, Tripolone indicó que en febrero de 2025 se habrían intercambiado los cuerpos de Alejandro Javier Ceballos y Raúl Ojeda, situación que terminó obligando a realizar una exhumación y un nuevo reconocimiento.
La defensa sostiene que Espinosa habría ideado un plan para responsabilizar a Gitzel y que todo el procedimiento estuvo dirigido a imputarla solo a ella.
Allanaron la morgue de Moreno
En medio de la investigación, el jueves 3 de septiembre, se realizó un allanamiento en las oficinas de la morgue ubicadas dentro del Hospital Vicente López y Planes. El operativo se concretó luego de que Tripolone denunciara posibles adulteraciones en los registros.
Durante el procedimiento se incorporaron a la causa los libros y planillas correspondientes a agosto de 2026, el expediente de gestión de cadáveres, certificados de defunción, DNI e informes estadísticos.
Uno de los puntos que ahora queda bajo análisis es la trazabilidad de los cuerpos. De acuerdo con la información incorporada al expediente, los precintos son retirados junto con los cuerpos y no queda un registro específico en la morgue judicial, una situación que podría dificultar la reconstrucción de lo ocurrido cuando aparecen errores de identificación.
