El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de dos piezas centrales del nuevo modelo de expedición de pasaportes del gobierno de Gustavo Petro: el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, una decisión tomada el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular que busca revisar cómo se estructuró la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas.
La medida cautelar no alcanzó a todo el esquema. La alta autoridad judicial dejó por fuera el instrumento suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal y precisó que no se pronunció sobre su legalidad, por lo que la suspensión quedó limitada a esos dos convenios y a los contratos o acuerdos que se deriven de ellos.
Nicolás Dupont Bernal, director de la Fundación Defensa de la Información Legal (DILO) Colombia y promotor de la acción popular, sostuvo que el fallo valida los cuestionamientos que su organización venía planteando. “Esta decisión confirma que las alertas que veníamos haciendo eran serias. Cuando están en juego los pasaportes de millones de colombianos, la seguridad de su información y los recursos públicos, no puede haber zonas grises. El Tribunal encontró dudas suficientes para suspender dos convenios clave. Ahora las entidades tendrán que explicar y demostrar cómo funciona realmente este modelo”.
El tribunal puso la lupa sobre compromisos fiscales y vacíos operativos
Dupont Bernal señaló que para dictar la medida cautelar, el tribunal identificó tres asuntos que deben aclararse. El primero fue la existencia de compromisos de recursos públicos hasta 2036 sin que, según la providencia, se hubieran obtenido antes el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y la declaratoria de importancia estratégica del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) exigidos para este tipo de obligaciones.
El segundo punto fue la falta de definición sobre la participación de terceros. Según la decisión, esa indeterminación podría permitir que la transferencia de conocimiento financiada con recursos públicos termine beneficiando a particulares o que se contrate por fuera de mecanismos que aseguren libre concurrencia y selección objetiva.
El tercer reparo se concentró en la operación concreta del modelo. La providencia señaló que no hay certeza suficiente sobre quién produce hoy las libretas, qué actores intervienen, dónde están ubicados ni cómo funciona la cadena de producción.
Así mismo, destacó que la decisión ordenó a la Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal entregar en 20 días hábiles información detallada sobre la ejecución del modelo. El tribunal exigió precisiones sobre producción, participantes, ubicación, protocolos de seguridad, custodia y trazabilidad.
Al referirse al alcance de la demanda, el directivo afirmó que el objetivo no era afectar la prestación del servicio. “Nuestra intención nunca ha sido poner en riesgo la expedición de pasaportes; es exactamente lo contrario. Queremos que los colombianos tengan la certeza de que detrás de su pasaporte existe un modelo seguro, transparente, jurídicamente sólido y que protege los recursos públicos”.
El abogado sostuvo en entrevista con Caracol Radio que la suspensión era necesaria porque el esquema actual responde a una “evidente ilegalidad” y a una “falta de transparencia” que, según afirmó, pone en riesgo el patrimonio colombiano.
Dupont Bernal aseguró que el modelo vigente es “absolutamente insostenible y con muchos riesgos hacia el futuro, sobre todo de carácter financiero”. En esa misma intervención, advirtió que la Imprenta Nacional “con el actual esquema podría quebrarse y dejar a todos los colombianos sin pasaporte de un día para otro”.
Conforme a sus declaraciones, las condiciones técnicas a futuro son inciertas. Añadió que un documento de la Contraloría enviado al gobierno semanas antes de la transición dejó planteada la cuestión de la continuidad financiera de la imprenta.
El demandante anunció que presentará un memorial aclaratorio ante el tribunal para precisar los pasos que deben seguirse. Su intención, afirmó, es que el país avance hacia un modelo con “seguridad financiera y jurídica”.
Dupónt Bernal negó vínculos con Thomas Greg & Sons
Consultado sobre una posible relación con Thomas Greg & Sons, el abogado Dupónt Bernal rechazó cualquier conflicto de interés y sostuvo que no representa a ninguna empresa privada.
“No represento los intereses de ninguna empresa privada; como actor popular, solo represento los intereses de las colombianas y los colombianos que tenemos derecho a un pasaporte”, dijo en el mismo diálogo, asegurando que no mantiene ninguna relación comercial con esa compañía.
