Finalmente, luego de una negociación exitosa entre el oficialismo y la oposición, el proyecto de biocombustibles logró obtener este jueves un dictamen favorable en el Senado de la Nación, de manera tal que queda habilitado para ser tratado en el recinto, donde se descuenta que tendrá los votos suficientes para su aprobación.
Tal como había sucedido en otras oportunidades, el proyecto oficialista, que lleva como firmante principal a la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), estuvo a un paso de naufragar debido a la resistencia de las elaboradoras de biodiésel que conforman la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).
En ese marco, se llegó a evaluar la posibilidad de dejar a un lado al biodiésel para promover un proyecto exclusivo para bioetanol, pero esa alternativa fue rechazada por Flavia Royón (Primero Los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado y ex secretaria de Energía durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández.
Precisamente, la iniciativa, lejos de fracasar, en esta oportunidad prosperó porque contó con el apoyo explícito de Massa, para lo cual el oficialismo debió aceptar cambios en el proyecto inicial relativos al sector de biodiésel.
La normativa vigente (Ley 27.640), que expira el 31 de diciembre de 2030, establece un corte obligatorio de gasoil con biodiésel del 5%, que posteriormente fue elevado al 7,5% mediante el decreto 438/2022.
El proyecto oficialista original, que no fue aceptado por las pymes, consistía en aumentar el corte obligatorio al 10% en un plazo de un año posterior al de la sanción de la ley, pero con un cronograma progresivo de desregulación del mercado, que contemplaba mantener un cupo protegido del 5%, el 4% y el 3% durante los años 2028, 2029 y 2030, respectivamente, para incrementar año tras año –como contrapartida– el cupo de libre competencia hasta establecerlo como la norma general a partir de 2031.
El proyecto consensuado, que obtuvo dictamen este jueves, mantiene el esquema vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 (cupo obligatorio del 5% para pymes) y eleva el corte al 7,5%, además de subirlo a un 10% en el plazo de un año posterior desde la sanción de la ley. Además, se establece un 5% adicional en el marco de la figura de “coprocesamiento”, que consiste en brindar la posibilidad a las petroleras de que procesen por su cuenta materias primas biológicas para elaborar biodiésel.
En los hechos, el nuevo proyecto, con una vigencia total de 15 años, triplica el corte obligatorio potencial máximo con respecto a la situación actual, respeta el orden vigente para las pymes abastecedoras y habilita un mercado de libre competencia en el cual las petroleras se abastecerán de biodiésel a través de licitaciones públicas.
En cuanto al bioetanol –tal como ya estaba acordado– el proyecto determina que el corte obligatorio actual del 12% pasará al 15% luego de un año de vigencia de la norma. Los cupos, que se asignarán a partir de licitaciones, deberán ser otorgados en partes iguales a productores en base de caña de azúcar y maíz sobre la base del corte del 12%. Los tres puntos restantes para llegar al 15% no estarán sujetos a ninguna regulación sobre la materia prima de origen.
Ahora se espera una pronta aprobación del proyecto en el Senado para ser enviado en octubre a la Cámara de Diputados, de manera tal que el nuevo régimen para el sector de biocombustibles pueda instrumentarse, con las reglamentaciones pertinentes, a partir de 2027.
