El Gobierno del Perú expresó su rechazo a la reforma constitucional aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional de Nicaragua y advirtió sobre la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo en el poder. A través de un comunicado oficial, Lima señaló que la iniciativa busca liquidar la institucionalidad democrática del país centroamericano mediante la eliminación de la posibilidad de elecciones libres y la anulación del estado de derecho.
La reforma, impulsada por el copresidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fue aprobada por unanimidad el 1 de septiembre durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León, al noroeste de Managua. El texto prohíbe la participación de partidos opositores en las elecciones y extiende de seis a siete años los mandatos presidenciales, así como los de diputados, alcaldes, magistrados y jefes del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor, deberá ratificarse en una segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027.
Perú denuncia violación de la Carta Democrática
El comunicado peruano sostuvo que la medida constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal nicaragüense y viola de forma flagrante la Carta Democrática Interamericana, además de los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos. El texto oficial calificó la iniciativa como “condenable” y afirmó que reafirma la ausencia de condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres, justas y competitivas en el país.
“Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua”, señaló el Gobierno peruano en el documento. La declaración se suma a las críticas de otros países de la región, entre ellos Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay, así como de la Unión Europea.
Denuncia represión sistemática
El Ejecutivo peruano acusó además al aparato estatal nicaragüense de criminalizar de manera sistemática y arbitraria a la oposición democrática que, según el comunicado, lucha por la recuperación de la democracia en el país. La reforma constitucional incorpora en su artículo 47 impedimentos para que “traidores a la patria” ocupen cargos de elección popular o funciones públicas, una categoría que el régimen ha aplicado a más de 450 opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Frente a este escenario, el Gobierno del Perú hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los órganos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que activen todos los mecanismos disponibles con el fin de evitar la consolidación de una dictadura en Nicaragua. El pedido se produjo el mismo día en que el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también expresaron su preocupación por la medida.
El comunicado concluyó con la reafirmación del compromiso peruano con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. El Gobierno indicó que se mantendrá al lado del pueblo nicaragüense, de sus presos políticos, de sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por defender la posibilidad de elecciones libres en el país.
