El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar las actividades de organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión. La disposición alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario. Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con respaldo de las Fuerzas Armadas. La intervención, sin embargo, estará delimitada al perímetro exterior de cada establecimiento penitenciario, en un radio de hasta 200 metros.
Restricciones en el perímetro penitenciario
Como consecuencia de la declaratoria, quedarán suspendidos temporalmente determinados derechos constitucionales dentro del área establecida. Entre ellos figuran la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal, conforme a las condiciones contempladas en la norma.
La estrategia de seguridad también incluye acciones destinadas a proteger los alrededores de los establecimientos, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. Los agentes ejecutarán controles en los puntos de acceso y desarrollarán labores de inteligencia orientadas a detectar posibles amenazas y evitar eventuales fugas.
El despliegue contempla, además, operativos permanentes para identificar y retirar objetos prohibidos. En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las autoridades buscarán decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas que puedan ser utilizados para facilitar actividades ilícitas.
INPE conservará control interno
Mientras la Policía y las Fuerzas Armadas se encargarán de reforzar la seguridad exterior, el INPE continuará a cargo de la administración y custodia interna de los cinco recintos. De esta manera, las competencias dentro de las instalaciones penitenciarias permanecerán bajo responsabilidad del organismo encargado del sistema carcelario.
La disposición establece, además, que las medidas extraordinarias no implicarán una suspensión general de las garantías fundamentales. Durante los 60 días de vigencia se deberá preservar el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con los estándares establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Gobierno busca frenar operaciones criminales
Según el Ejecutivo, los cinco establecimientos seleccionados concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. La medida apunta a impedir que estructuras delictivas continúen utilizando los recintos penitenciarios como puntos para coordinar actividades hacia el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que estas acciones no dependen de la eventual aprobación de las facultades solicitadas al Congreso. “Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad”, afirmó.
El funcionario añadió que, una vez obtenidas dichas atribuciones, la administración de la presidenta Keiko Fujimori espera fortalecer la respuesta estatal frente a la criminalidad. “Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, señaló.
