El Gobierno de Abelardo de la Espriella alista la derogatoria del decreto que obliga a los fondos privados de pensiones a mantener la mayor parte del ahorro de los afiliados invertido en Colombia y no en el exterior.
La decisión, revelada en primicia por Blu Radio, hace parte de una revisión más amplia de medidas adoptadas por la administración anterior sobre el sistema pensional.
Según fuentes consultadas por ese medio, el actual Gobierno ya trabaja en desmontar esa obligación, que había sido diseñada para forzar el regreso al país de cerca de $125 billones en un plazo de cinco años. Aunque no todos esos recursos habían sido repatriados, la sola expectativa de entrada de capitales fue señalada por el Banco de la República como uno de los factores que contribuyeron a la caída del precio del dólar.
La medida había generado una fuerte polémica en el sector financiero y pensional, por sus posibles efectos sobre la rentabilidad y diversificación de los portafolios de los afiliados. Además, terminó costándole el cargo a la entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera, quien advirtió al Gobierno anterior que traer recursos “por traerlos” podía afectar los intereses de los trabajadores.
Decreto pensional quedaría sin efecto
El decreto que ahora se busca derogar obligaba a los fondos privados a aumentar el peso de sus inversiones locales y reducir su exposición en el exterior. En la práctica, esto implicaba modificar decisiones de inversión que impactan directamente el manejo del ahorro pensional de millones de afiliados.
La nueva administración considera necesario revertir esa decisión y devolver margen de maniobra a los fondos para definir sus inversiones bajo criterios técnicos. El debate de fondo está en si el ahorro pensional debe usarse como herramienta de política económica para influir en el mercado cambiario o si debe administrarse principalmente con base en el interés de los afiliados.
La posible derogatoria también ocurre mientras el Ministerio de Hacienda revisa distintas solicitudes del sector empresarial, en medio de la discusión del presupuesto del próximo año y del plan de recortes anunciado por el jefe de la cartera, Miguel Gómez.
El objetivo del equipo económico es establecer qué asuntos son prioritarios dentro de una agenda que combina ajuste fiscal, señales a los mercados y cambios en decisiones heredadas del gobierno anterior. En ese marco, el manejo del ahorro pensional aparece como uno de los puntos sensibles.
Gobierno revisa otras dos decisiones
La derogatoria del decreto no sería la única medida en estudio. El Gobierno también analiza revertir otras dos decisiones polémicas de la administración anterior: la relacionada con el seguro de deslizamiento del salario mínimo y la que obligaba a los fondos privados a entregar hasta $25 billones del ahorro de afiliados trasladados a Colpensiones por cuenta del traslado exprés avalado en la reforma pensional.
En el primer caso, la discusión gira alrededor de la protección al sistema pensional cuando el salario mínimo sube por encima de la inflación. Esa diferencia encarece el valor de la pensión mínima y exige mayores recursos para cubrir el impacto sobre el sistema.
La decisión del Gobierno anterior implicó transferir menos recursos de los necesarios para cubrir esa diferencia, precisamente en años en los que la brecha entre inflación y aumento del salario mínimo fue más alta. Como consecuencia, se encareció la pensión mínima y se puso en riesgo el funcionamiento del seguro previsional.
El otro punto tiene que ver con los recursos que los fondos privados debían entregar a Colpensiones por afiliados que se trasladaron bajo el mecanismo de traslado exprés. Según la información conocida, esa obligación podía llegar hasta $25 billones, lo que también generó preocupación por el impacto sobre los ahorros administrados por los fondos privados.
La revisión de estas medidas abre un nuevo capítulo en el debate pensional. Por un lado, el Gobierno busca desmontar decisiones que considera riesgosas o inconvenientes para la estabilidad del sistema; por otro, deberá explicar cómo protegerá los intereses de los afiliados, la sostenibilidad fiscal y el equilibrio entre Colpensiones y los fondos privados.
Por ahora, la derogatoria del decreto sobre repatriación del ahorro pensional aparece como una de las primeras señales del cambio de enfoque económico del Gobierno de De la Espriella. La discusión avanzará al mismo tiempo que Hacienda define prioridades fiscales, ajustes de gasto y respuestas a las preocupaciones del sector empresarial.
