Las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, habrían consolidado en Caquetá un esquema de control territorial que combina extorsiones, expansión ganadera, ocupación de tierras y presión contra comunidades campesinas, con efectos visibles sobre la deforestación en la Amazonía colombiana.
Así lo expone una investigación de Mongabay Latam y Vorágine, que recogió testimonios de habitantes, análisis de organizaciones ambientales y antecedentes judiciales sobre la actividad del grupo armado ilegal, y uno de los mayores objetivos por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El reportaje describe cómo los cobros a ganaderos y campesinos no solo representarían una fuente de ingresos para las disidencias.
De acuerdo con los testimonios citados, también funcionarían como un mecanismo para registrar predios, controlar el número de reses e impulsar la apertura de potreros en sectores que incluyen zonas de reserva forestal y áreas cercanas a parques nacionales.
La estructura de “Calarcá”, conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), mantiene presencia en el sur del Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá. En este último departamento, sus principales áreas de influencia abarcan municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano.
Para dimensionar el caso, en el último trimestre de 2025, Caquetá concentró el 26,63% de las alertas de detección temprana de deforestación del país, según los datos citados por la alianza periodística. En ese mismo período, el departamento ocupó el segundo lugar nacional en pérdida de cobertura boscosa.
Los cobros incluirían tarifas por hectárea y por cada res
Uno de los testimonios corresponde a un habitante de la vereda Chorreras, en San Vicente del Caguán, identificado con un nombre cambiado por seguridad. Según su relato, unas 200 personas fueron citadas por integrantes de las disidencias en octubre de 2025.
Antes de llegar al lugar de la reunión, los asistentes habrían tenido que dejar celulares, relojes, gorras y chaquetas. Al final del trayecto, un comandante y una mujer que tomaba apuntes recibían a los campesinos y ganaderos para preguntarles por sus actividades económicas.
“¿A qué se dedica? ¿Tiene finca? ¿Tiene negocio? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas cabezas de ganado tiene?”, era el tipo de preguntas que, según el testimonio, recibían los asistentes.
La información quedaba consignada en un cuaderno y servía para fijar los pagos exigidos por la organización. La tarifa, de acuerdo con la investigación, sería de 10.000 pesos anuales por cada hectárea de tierra y por cada cabeza de ganado.
Los pagos podían hacerse en efectivo o a través de plataformas digitales como Nequi, según los relatos incluidos en el reportaje.
Varios habitantes consultados sostuvieron que ocultar información sobre la cantidad de animales o negarse a pagar no era una opción viable debido a la capacidad de vigilancia que tiene el grupo en las zonas rurales.
La investigación plantea que ese censo informal permite a las disidencias conocer quién posee tierra, quién tiene ganado y dónde se ubican los predios. Bajo esa lógica, el cobro extorsivo estaría vinculado con una economía basada en el aumento de la frontera ganadera.
El “paquete de colonización” de la disidencia de “Calarcá” incluía zinc y motosierras
La expansión de potreros hacia áreas boscosas tendría otros mecanismos. Una lideresa campesina, identificada como María, declaró que en una asamblea comunitaria los integrantes de la organización armada ofrecieron un “paquete de colonización” para que habitantes de la región ingresaran a zonas alejadas de bosque.
El kit, según el relato la misma mujer, incluía 50 hojas de zinc para construir una vivienda, otras 20 para una cocina y una motosierra. La propuesta se complementaba con un sistema denominado “fondo rotatorio” de ganado.
La dinámica consistiría en exigir aportes de reses a grandes propietarios de la zona. Después, los animales serían entregados a familias con menos recursos, que debían cuidarlos, conservar las crías y devolver la vaca inicial para que fuera asignada a otra persona.
“Que quede en el acta que nosotros no estamos de acuerdo con esto y no vamos a enviar a nadie”, relató la lideresa al referirse a la respuesta de una organización campesina que rechazó las instrucciones del grupo armado.
La negativa de algunas comunidades se sustentó en que no podían asumir labores de protección ambiental y, al mismo tiempo, participar en la tala de bosques. Según la investigación, esas organizaciones advirtieron que no respaldarían a quienes decidieran deforestar si las autoridades iniciaban procesos por delitos ambientales.
La ganadería sería una puerta para acaparar terrenos: el daño ambiental detrás de la propuesta de “Calarcá”
El investigador Camilo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explicó que la deforestación a gran escala no puede atribuirse únicamente a familias campesinas que abren pequeñas parcelas para cultivar yuca, maíz u otros productos de subsistencia.
La apertura de predios de 100 o 200 hectáreas requiere campamentos, combustible, trabajadores, maquinaria pesada y caminos clandestinos para transportar animales y suministros.
De hecho, y para el cuarto trimestre de 2025, Caquetá perdió 9.078 hectáreas de bosque más que en el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con las cifras recogidas en el reportaje.
González señaló que parte de esa expansión responde a la figura del “terrateniente ausentista”: así describe a estas personas que viven fuera de la Amazonía, en ciudades como Bogotá o Neiva, y que financian la conversión de bosque en potreros a través de administradores o mayordomos instalados en la región.
“La ganadería es poco rentable, pero al cabo de los dos años ha aumentado el precio [del terreno], es un retorno muy alto”, afirmó González. Para el investigador, el valor central del negocio no está necesariamente en la carne o la leche, sino en la renta y valorización de la tierra intervenida.
El ‘modus operandi’ de los informantes de alias Calarcá: nada se les escapaba
El reportaje sostiene que las disidencias aportarían condiciones de seguridad, presión territorial y recursos iniciales para despejar nuevos sectores. Los inversionistas pondrían ganado, mientras los campesinos quedarían vinculados como mano de obra o cuidadores de hatos.
Un expediente judicial citado por la alianza periodística recoge la declaración de Josías Cano López, conocido como “Camándula” y señalado como exjefe de finanzas de la estructura de “Calarcá”. El exintegrante del grupo relató que existía una red de informantes, incluidos mototaxistas, para identificar a ganaderos y definir los montos de las extorsiones.
Esos cobros podían alcanzar hasta 600 millones de pesos, según la declaración consignada en el expediente.
Por tal motivo, la llegada de más animales a las zonas bajo control armado habría incrementado las finanzas de las disidencias, otra forma de robustecer sus recursos.
Los municipios de Caquetá con más alertas en están en áreas de presencia armada
Las cifras oficiales publicadas en julio de 2026 muestran la dimensión regional del fenómeno. Durante el cuarto trimestre de 2025, la Amazonía colombiana perdió 36.129 hectáreas de cobertura forestal, 16.330 hectáreas más que durante el mismo período del año anterior.
Cartagena del Chairá concentró el 16,67% de las detecciones de deforestación de Colombia, con lo que se ubicó como el municipio más afectado en las alertas citadas por la investigación. Le siguieron Solano, con el 4,97%, y San Vicente del Caguán, con el 4,37%.
De los 137 parches de más de 30 hectáreas identificados en el bioma amazónico, 62 se ubicaron en Caquetá. En Cartagena del Chairá, las imágenes satelitales detectaron un bloque de praderización de 115 hectáreas dentro de terrenos de reserva forestal.
Paulo Ilich Vacca, director de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, explicó que el problema combina daños ecológicos, impactos climáticos y afectaciones sobre los derechos humanos. “La deforestación en un territorio de este tipo, cruzada con economías criminales, no es solo un desastre forestal, sino una crisis climática”, sostuvo.
La investigación también documentó el crecimiento de caminos informales en zonas cercanas a áreas protegidas. Entre 2024 y 2025, Cartagena del Chairá registró 244 kilómetros nuevos de vías ilegales, mientras que San Vicente del Caguán sumó otros 133 kilómetros.
El control armado alcanza la movilidad de los habitantes
El dominio atribuido a las disidencias no se limita a los negocios asociados con el ganado.
Habitantes consultados describieron restricciones de movilidad, retenes ilegales, toques de queda y sistemas de identificación obligatoria para transitar por veredas bajo influencia del grupo.
Un campesino señaló que las Juntas de Acción Comunal deben expedir carnés que se renuevan cada seis meses y que permiten controlar quién entra o sale de determinados sectores. “Para moverse por las veredas y atravesar los retenes ilegales”, explicó, los habitantes deben portar ese documento.
Desobedecer esas reglas puede implicar multas o trabajos forzados en fincas, de acuerdo con los testimonios recogidos. Una fuente relató que las sanciones por circular sin carné pueden llegar a un millón de pesos.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) indicó en un balance publicado en agosto de 2026 que el EMBF pasó de unos 1.400 integrantes en diciembre de 2022 a cerca de 3.000 miembros a mediados de 2026. El crecimiento ocurrió durante la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con ese informe.
