Documentar un poder legal es una de las medidas que deberían considerar los salvadoreños afectados por el vencimiento del TPS, ante una posible detención, deportación o salida de Estados Unidos. La recomendación fue planteada en la entrevista Frente a Frente por Óscar Chacón, asesor de estrategias y cofundador de Alianza Américas.
Chacón afirmó que quienes no se prepararon para el fin de la protección pueden enfrentar mayor tensión y costos más altos al intentar resolver trámites a última hora. También advirtió sobre los problemas que pueden surgir si no se definen previamente decisiones sobre cuentas, viviendas, vehículos, negocios u otros bienes.
El asesor recomendó elaborar y documentar un poder legal. Ese instrumento permite que una persona de confianza tome decisiones en nombre del beneficiario si este no puede hacerlo por una detención, deportación o salida forzada de Estados Unidos.
La medida busca evitar que los bienes queden sin administración en una situación migratoria imprevista. Chacón indicó que la persona designada debe contar con la confianza del titular y tener la facultad formal para actuar sobre los asuntos patrimoniales que le sean delegados.
Algunas familias, añadió, han tratado de transferir viviendas ya pagadas a hijos u otros parientes. Según explicó, buscan reducir posibles complicaciones legales si el propietario deja de tener la capacidad de gestionar directamente sus recursos.
“Esperemos lo mejor, preparémonos para lo peor”, dijo Chacón al referirse a la necesidad de anticipar medidas. A su juicio, no haber preparado esos asuntos puede crear un riesgo de pérdida de bienes si existe una acción inmediata de las autoridades.
Fraudes migratorios y promesas de residencia
El vencimiento del TPS puede favorecer estafas migratorias contra salvadoreños que buscan una vía para permanecer legalmente en Estados Unidos, alertó Chacón. Describió el fraude como una industria que se lucra de las dificultades y la desesperación de la población inmigrante.
Entre las ofertas más comunes, mencionó supuestos contactos dentro de las autoridades migratorias y fórmulas para obtener una residencia permanente. Esas promesas, señaló, pueden costar USD 5,000, USD 10,000 o USD 15,000, e incluso más.
Chacón sostuvo que la ley migratoria estadounidense no contempla una vía general para obtener la residencia permanente solo por haber vivido muchos años en el país. La falta de ese mecanismo, afirmó, deja a muchas personas expuestas a quienes ofrecen soluciones que no existen.
El entrevistado recordó su experiencia al frente de una organización que prestaba servicios a inmigrantes, principalmente salvadoreños, en Boston. Allí atendía a personas que ofrecían sus ahorros con la expectativa de conseguir una visa de residencia permanente.
Según relató, les explicaba que el problema no era la falta de dinero, sino que la legislación vigente no ofrecía una alternativa aplicable a sus casos. Meses después, algunas volvían a su oficina tras entregar dinero a intermediarios que desaparecieron con los recursos.
“Si alguien le ofrece algo que suena demasiado bueno para ser cierto, lo más seguro es que es falso”, advirtió Chacón. También pidió precaución ante ofertas que aparecen en redes sociales y recomendó buscar asesoría legal competente.
Hijos, matrimonio, empleo y asilo: las opciones legales
Un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años puede presentar una petición migratoria en favor de su padre o madre, explicó Chacón. Sin embargo, aclaró que esta posibilidad no es automática y requiere iniciar un proceso formal ante las autoridades.
El hijo debe presentar la solicitud y obtener su aprobación. Además, tiene que demostrar que cuenta con la capacidad financiera necesaria para asegurar que su padre o madre no se convierta en una carga para el Gobierno durante los primeros 10 años.
Chacón señaló que estos procedimientos pueden tomar años. Por esa razón, consideró que tener un hijo ciudadano no garantiza una respuesta inmediata para una persona que pierde la protección otorgada por el TPS.
El matrimonio con una persona ciudadana estadounidense o residente permanente es otra alternativa que mencionó. En esos casos, el ciudadano o residente puede presentar una petición a favor de su pareja, aunque el procedimiento tampoco ofrece resultados inmediatos.
La certificación laboral aparece entre las vías contempladas por la ley. El empleador debe iniciar el trámite y demostrar que el trabajador cumple una función indispensable para la empresa.
Según explicó Chacón, el empleador también debe probar que no existe otra persona en Estados Unidos que pueda desempeñar esa tarea. El procedimiento es complejo, demanda tiempo y puede implicar costos, aunque algunos empleadores asumen esos gastos.
El asesor advirtió que estas posibilidades resultan tardías para quien empezó a buscarlas hasta el día del vencimiento del TPS. También insistió en que ninguna resuelve de inmediato la situación de una persona que queda sin esa protección migratoria.
El asilo tampoco representa una salida viable para la mayoría de los salvadoreños que han permanecido durante décadas bajo TPS, según Chacón. Explicó que la legislación exige presentar una solicitud durante el primer año de estancia en Estados Unidos.
El entrevistado señaló que los beneficiarios salvadoreños no se encuentran en su primer año de vida en ese país. También indicó que una persona debe demostrar que cumple los criterios de protección establecidos por las normas de asilo.
Si alguien presenta una solicitud sin reunir esas condiciones, el Gobierno puede rechazarla por considerar que no tiene mérito, afirmó Chacón. A su juicio, esa vía tampoco responde a la necesidad inmediata de quien queda expuesto a un arresto o deportación.
Congreso, reforma migratoria y la decisión de salir
Las soluciones de fondo para quienes pierden el TPS y para otros salvadoreños sin papeles dependen de cambios legislativos en Estados Unidos, planteó Chacón. Consideró urgente impulsar reformas a la ley migratoria, aunque pidió no generar expectativas de una respuesta cercana.
Las elecciones legislativas de noviembre podrían modificar la correlación de fuerzas entre republicanos y demócratas en el Congreso, afirmó. Si el Partido Demócrata obtiene una mayoría en al menos una de las dos cámaras, podría abrirse un entorno menos hostil para debatir cambios en la legislación.
Chacón aclaró que esa posibilidad no asegura una solución inmediata para los salvadoreños que pierden el TPS ni para el resto de la población sin documentos. Donald Trump y su equipo, recordó, continuarán al frente de la Casa Blanca hasta finales de 2028.
El asesor recomendó revisar cada situación individual y buscar orientación legal competente antes de tomar una decisión. También aconsejó agotar las alternativas disponibles para permanecer en Estados Unidos antes de optar por un retorno a El Salvador.
A su juicio, salir del país puede interrumpir la residencia continua acumulada desde antes de 2001. Esa interrupción podría dificultar un eventual beneficio si más adelante la ley permite solicitar residencia permanente a personas que hayan vivido determinado número de años en Estados Unidos.
Donald Trump y el patrón de cancelaciones migratorias
La falta de continuidad del TPS para salvadoreños debe analizarse a partir de lo que Chacón describió como un patrón de cancelación de protecciones migratorias bajo la administración de Donald Trump.
El asesor sostuvo que, desde enero de 2025, el Gobierno estadounidense ha mostrado una tendencia a eliminar programas de protección temporal. Por ello, afirmó que no era descartable llegar al 9 de septiembre sin una postergación o una renovación formal del TPS.
Chacón consideró que la relación entre el Gobierno de Nayib Bukele y la administración Trump tendría una incidencia limitada para resolver la situación de los salvadoreños beneficiarios del programa.
A su juicio, Estados Unidos toma decisiones a partir de sus propios intereses. Añadió que el Gobierno salvadoreño podría priorizar asuntos como el acceso a préstamos de organismos financieros internacionales.
Mencionó que El Salvador mantiene un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que Estados Unidos es uno de los actores con capacidad de decisión sobre esos temas.
