El inicio del juicio por el derrumbe en la discoteca Jet Set de Santo Domingo marca un momento de alta tensión y expectativa para los familiares de las víctimas y los supervivientes. La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 muertos y más de 180 heridos, y ha puesto en el centro del debate la responsabilidad penal de los propietarios del establecimiento.
Durante la primera audiencia, los reclamos se centraron en la necesidad de una condena ejemplar para los hermanos Espaillat, dueños de la discoteca, quienes enfrentan cargos de homicidio involuntario, delito que prevé una pena máxima de dos años de prisión. Sin embargo, los querellantes insisten en que la conducta de los acusados debe ser considerada como homicidio voluntario, dado que, según sostienen, tenían conocimiento previo del deterioro estructural del local. De prosperar esta calificación, las penas podrían oscilar entre 20 y 30 años de cárcel, según informó EFE.
El Ministerio Público presentó una acusación contundente, señalando que la discoteca funcionó bajo una “sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”. En palabras de Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, “el peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set”.
La audiencia, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y un clima de fuerte presión mediática y social. Las familias y los sobrevivientes, agrupados en organizaciones como el Movimiento de Justicia Jet Set, reiteraron su pedido de justicia. Ana María Ramírez, sobreviviente del derrumbe, expresó que la apertura del proceso representa un avance tras una larga espera, pero advirtió que “el caso debe ser tipificado como homicidio voluntario”.
Consecuencias legales y económicas tras la tragedia
Durante la audiencia preliminar, el tribunal confirmó las medidas de coerción para los acusados: garantía económica, presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país. Además, ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por un monto de hasta 500 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 8.3 millones), como medida cautelar para asegurar una eventual reparación.
Las víctimas mortales incluyeron figuras reconocidas, como el merenguero Rubby Pérez, quien falleció junto a uno de los músicos de su orquesta durante el evento. También perecieron el exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del actual ministro de Obras Públicas de República Dominicana, Eduardo Estrella, según reportó EFE.
El siniestro afectó a personas de diversas nacionalidades: 18 venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano figuran entre los fallecidos, lo que otorga a la causa un componente internacional y aumenta la presión sobre el sistema judicial dominicano.
La tragedia en Jet Set provocó una ola de indignación tanto en la sociedad dominicana como en la opinión pública internacional, centrando el debate en la seguridad de los espacios de entretenimiento y el rol de los empresarios en la prevención de desastres.
El proceso judicial busca determinar si existió dolo por parte de los propietarios.
