El Registro Universal de Ingresos (RUI) mantiene a por lo menos diez funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella en categorías de vulnerabilidad o pobreza moderada, de acuerdo con una revisión realizada por Cambio. Los registros fueron consultados mientras el Gobierno aplazó la transición del Sisbén al nuevo sistema debido a inconsistencias detectadas en su modelo de clasificación.
El RUI fue creado a partir de una disposición incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de mejorar la focalización de programas y políticas sociales. Su implementación estaba prevista para comenzar el 1 de agosto, pero la administración de De la Espriella decidió aplazar el proceso.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) prepara un decreto para ampliar hasta julio de 2027 el periodo de transición. La medida se relaciona con las inconsistencias registradas en la clasificación socioeconómica y con el volumen de quejas recibido durante las primeras semanas de funcionamiento del instrumento.
La revista señaló que durante el primer mes de implementación se presentaron casi diez veces más quejas por errores de clasificación que las registradas durante todo el año anterior.
Natalia López y Leonardo Huerta aparecen en categorías de vulnerabilidad
Entre los casos identificados por el medio está el de Natalia López, ministra del Trabajo, quien aparece en la categoría C15 del RUI. Este grupo corresponde a hogares cuya estabilidad financiera es considerada frágil y que podrían caer en pobreza ante un imprevisto económico.
La funcionaria reportó en su declaración de renta más reciente un patrimonio líquido de 307 millones de pesos. En su declaración de bienes y conflictos de interés también informó ingresos por 391 millones de pesos durante 2025.
En ese mismo documento registró un bien mueble valorado en 350 millones de pesos y dos inmuebles con un valor conjunto de 1.250 millones de pesos.
Otro de los funcionarios identificados es Leonardo Huerta, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien figura en la categoría C02.
Huerta, excandidato a la Vicepresidencia, reportó en su declaración de bienes un patrimonio líquido superior a 1.500 millones de pesos.
La revisión también incluyó al exdefensor delegado para asuntos de salud que llegó al Gobierno de De la Espriella después de haber sido fórmula de Claudia López. En su declaración reportó ingresos por 150 millones de pesos durante el último año.
El funcionario también registró una casa en Pereira, valorada en 1.100 millones de pesos, un vehículo de 120 millones y un crédito bancario por 520 millones de pesos.
Otros funcionarios clasificados como vulnerables
Entre los funcionarios que permanecen en categorías de vulnerabilidad también está Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con la revista, Blanco reportó ingresos por 98 millones de pesos durante el último año y un patrimonio de 491 millones de pesos.
La lista incluye además a Richard Caicedo, presidente del Icetex; Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y Juan Camilo Valencia, presidente de la Agencia Nacional de Minería.
En sus declaraciones correspondientes al último año, Caicedo registró ingresos por 283 millones de pesos; Ayerbe, por 101 millones, y Valencia, por 18 millones de pesos.
Cambio precisó que las clasificaciones del RUI no son reportadas directamente por los funcionarios. El sistema construye el perfil socioeconómico de los hogares mediante el cruce de información procedente de diferentes fuentes oficiales.
Por ello, la aparición de estos funcionarios en determinadas categorías del RUI se relaciona con el funcionamiento del modelo de clasificación y no constituye, por sí misma, evidencia de que hayan presentado información incorrecta.
Diana Bravo y Hitler Chaverra aparecen en pobreza moderada
La revisión encontró además dos funcionarios ubicados en subgrupos correspondientes a pobreza moderada.
Se trata de Diana Bravo, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien figura en el subgrupo B07.
La declaración de ingresos del último año de Bravo todavía no estaba disponible en el portal de Función Pública, según el medio. No obstante, la remuneración mensual correspondiente al cargo que ocupa es de 34,7 millones de pesos.
El segundo caso corresponde a Hitler Chaverra, secretario general del Ministerio del Interior, quien aparece en el subgrupo B03.
Chaverra tiene una asignación mensual de 16 millones de pesos. Además, reportó ingresos por 191 millones de pesos durante 2025 y un patrimonio de 390 millones de pesos.
De acuerdo con los datos publicados del medio, los ingresos y patrimonios reportados por ambos funcionarios corresponderían a la categoría D del RUI, destinada a los hogares que no se encuentran en condición de pobreza ni de vulnerabilidad.
Los casos de los cónsules en Miami y Nueva York
La revisión también identificó a dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores: Antonella Farah, cónsul en Miami, y Camilo Naman, cónsul en Nueva York.
Ambos son primos y aparecen en subgrupos destinados a hogares colombianos clasificados dentro de condiciones de vulnerabilidad.
Los casos de los funcionarios hacen parte de las inconsistencias detectadas durante la implementación del nuevo instrumento. El DNP explicó a la revista que este tipo de errores puede persistir mientras se desarrollan los procesos de calibración de los modelos de estimación y del algoritmo encargado de establecer la clasificación.
