La Municipalidad de Moreno realizará este viernes la apertura de sobres prevista para renovar la concesión en el servicio de transporte que se da en el municipio. Sin embargo, esto despertó una fuerte reacción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante las exigencias que presentó la intendencia para quedarse con la licitación y el conflicto que se abre con la empresa que históricamente se encargó de brindar el servicio.
Todo comenzó el pasado 20 de julio, cuando la intendenta Mariel Fernández impulsó el proyecto para renovar el pliego de la licitación que estaba vencido desde el 2016 y que fue aprobado por el Concejo Deliberante. Según comunicó el municipio, la iniciativa que presentó la jefa comunal apuntaba a que el nuevo sistema de transporte entrara en vigencia en enero del 2027 y así se pueda reorganizar de forma integral el transporte para acompañar el crecimiento poblacional, mejorar la conectividad territorial y responder a las necesidades de movilidad de las familias.
De esta forma, se ponía fin a la monopolización que tiene la empresa Transportes La Perlita S.A.C.I.F., que históricamente está a cargo del sistema de colectivos que recorre todo el municipio del oeste del Conurbano.
El objetivo del municipio es que con el nuevo esquema se puedan incorporar nuevas empresas prestadoras, lo que ampliará la cobertura, generará recorridos más directos entre los barrios, los centros educativos, los espacios productivos y de salud.
El nuevo pliego divide el territorio de Moreno en tres zonas geográficas con concesiones por un plazo de 10 años. El diseño apunta a descentralizar la prestación y cubrir 125 barrios que hasta ahora no recibían atención suficiente. Cada postulante puede adjudicarse como máximo una sola área, lo que impide que un único operador retenga el control total de los recorridos comunales. Además, el pliego exige la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o Sociedades de Propósito Específico, con la condición de que la compañía que acredite experiencia operativa conserve al menos el 51% de las acciones y los derechos de voto durante toda la vigencia del contrato.
En cuanto a la distribución por zonas, la primera comprende 14 recorridos y deberá contar con 75 unidades. La segunda incluye 17 servicios regulares con 86 colectivos y 3 recorridos complementarios con 11 vehículos adicionales. La tercera contempla 11 servicios regulares con 82 unidades y 3 complementarios con 13 coches más, lo que lleva el total a 267 colectivos, frente a los 243 que actualmente financia la Provincia.
Además, entre algunas de las especificaciones técnicas que elaboró la Secretaría de Tránsito y Transporte, apuntan a un cronograma exigente de renovación del parque móvil. Las empresas adjudicatarias deberán iniciar el servicio con un 10% de unidades nuevas, alcanzar el 50% a los 180 días y completar la renovación del 100% de la flota en el mes 25 de operación. A los 90 días de la puesta en marcha, ningún vehículo en circulación podrá superar los cinco años de antigüedad.
En tanto, las unidades también deberán estar equipadas con cámaras de seguridad, sistemas de geolocalización y rampas de accesibilidad, y el municipio contará con monitoreo en tiempo real a través de GPS conectado a las dependencias comunales. Las sanciones por incumplimientos se calcularán mediante unidades de módulo equivalentes a 75 litros de nafta de mayor octanaje a precio de pizarra oficial.
La advertencia de la UTA
El gremio conducido por Roberto Fernández manifestó su preocupación ante la ausencia de cláusulas de preservación laboral explícitas en las condiciones licitatorias. A través de un comunicado, el gremio advirtió que la transición no debe dejar sujetos el empleo, la antigüedad ni los derechos adquiridos de más de 800 choferes y empleados de La Perlita a las decisiones de los futuros adjudicatarios. El sindicato reclamó que “la continuidad laboral debe estar garantizada antes de cualquier adjudicación” y alertó que, de no resolverse la situación, el municipio estaría generando un escenario de conflictividad que pondría en riesgo la paz social.
El punto central del conflicto es el artículo 41 del pliego, que establece que las empresas adjudicatarias deben contratar al personal que, a la fecha de inicio de la concesión, haya adquirido estabilidad laboral en las líneas municipales explotadas actualmente por La Perlita. Esa definición excluye a los contratados de forma temporal.
Según el texto licitatorio, el personal se distribuirá entre las nuevas operadoras en base a un coeficiente de 2,83 trabajadores por cada colectivo, lo que arroja un estimado de 755 empleados a transferir. La diferencia con la cifra que menciona la UTA implica que alrededor de 50 trabajadores podrían quedar fuera del nuevo esquema, aunque el resultado final dependerá del avance del proceso.
Las empresas protestaron frente al municipio y cuestionaron las condiciones del pliego
La tensión no quedó circunscripta al ámbito sindical. Representantes de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) movilizaron unidades frente al edificio comunal para cuestionar las condiciones establecidas en la licitación. La protesta se desarrolló sin incidentes durante el mediodía de este miércoles, y los representantes del sector entregaron un petitorio con sus objeciones, aunque inicialmente las autoridades locales se negaron a recibirlo y finalmente lo aceptaron.
Víctor Pasquini, integrante de la CTPBA, calificó al pliego como “bastante pretencioso” frente a la situación económica que atraviesan las empresas. “Los costos no están reconocidos y las exigencias cada vez son mayores”, afirmó en declaraciones al Semanario Actualidad de Moreno. Pasquini señaló también que la exigencia de renovar el 100% de la flota en dos años va en sentido contrario a la decisión del gobierno bonaerense, que extendió de 10 a 13 años la vida útil permitida para los colectivos.
Desde el sector privado también expresaron sospechas de que las condiciones económicas del pliego, entre ellas el valor de 15 millones de pesos fijado para su compra, favorecerían a grupos de gran envergadura patrimonial y dejarían fuera de competencia a compañías de menor tamaño.
Otro punto de tensión es el diseño de los recorridos. Pasquini advirtió que algunos ramales que se busca incorporar interferirían con líneas provinciales en sus trazas actuales. A eso se suma el problema del subsidio: la Provincia financia actualmente 243 unidades y el nuevo esquema prevé 267, pero el gobierno bonaerense rechazó aumentar los recursos destinados al sistema y aclaró que no quiere sentar un precedente para que otros municipios hagan lo mismo. Esa diferencia impactaría directamente en los ingresos de las operadoras, dado que la masa de dinero disponible para compensar el servicio es la misma mientras la cantidad de unidades en circulación crece.
