La magnitud de la emergencia provocada por el terremoto empezó a verse no solo en las pérdidas humanas y en las edificaciones afectadas, sino también en el costo que tendrá para el país recuperar los territorios golpeados. Una evaluación elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con apoyo del Servicio Geológico Colombiano, el Igac y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, calculó daños físicos directos por 42,1 billones de pesos.
La cifra representa cerca del 2,3% del producto interno bruto (PIB) nacional y muestra la dimensión económica de una tragedia que golpeó con especial fuerza a varios departamentos. Del total estimado, 37,4 billones de pesos corresponden a viviendas, mientras que otros 4,8 billones están relacionados con daños en infraestructura de salud, educación y espacios comunitarios.
El impacto tampoco se distribuyó de manera uniforme. Risaralda concentra las mayores pérdidas, con 14,4 billones de pesos, una cantidad cercana a la tercera parte del total calculado. Le sigue Valle del Cauca, con más de 9,7 billones. Chocó, Caldas y Quindío aparecen después, con estimaciones superiores a los 3 billones de pesos cada uno.
El balance de la Ungrd permite dimensionar la emergencia desde otro frente. El sismo dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 356 rescatadas, además de 218.674 familias afectadas. En materia de infraestructura, 37.255 viviendas quedaron destruidas y 198.720 resultaron averiadas. A esto se suman 638 edificios colapsados, 406 centros de salud afectados, 4.268 centros educativos y 5.524 centros comunitarios.
Para el Pnud, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la reparación de las estructuras. Los daños en viviendas y servicios esenciales podrían generar desplazamientos, pérdida de ingresos, dificultades para acceder a la salud y educación, mayores necesidades de protección y cuidado y afectaciones psicosociales. El riesgo es mayor en territorios que ya enfrentaban condiciones de pobreza, fragilidad y limitada capacidad institucional.
Otro de los desafíos está en los residuos que dejó el desastre. La evaluación calcula 16,9 millones de metros cúbicos de escombros provenientes de viviendas, edificaciones e infraestructura social. El volumen equivaldría a unos 2,4 millones de camiones con capacidad de siete metros cúbicos. Risaralda reúne más de 7,5 millones de metros cúbicos, mientras que Valle del Cauca supera los 3,8 millones.
El Pnud advirtió que manejar esa cantidad de material requerirá coordinar su remoción, transporte, separación, reciclaje y disposición segura. Estas labores serán necesarias para reducir riesgos y facilitar la reapertura de espacios públicos y servicios esenciales. La entidad aclaró que los resultados son preliminares y pueden modificarse a medida que avancen las evaluaciones en terreno.
La vulnerabilidad de los territorios también será determinante para la recuperación. El análisis estableció que 11,4 millones de personas y 2,5 millones de estructuras estuvieron expuestas a una intensidad sísmica potencialmente dañina. Al cruzar esa exposición con los niveles de fragilidad multidimensional, el Pnud identificó 27 municipios donde los impactos coinciden con niveles altos o muy altos de vulnerabilidad. En conjunto, allí estaban expuestas cerca de 2,9 millones de personas.
Buenaventura, Bagadó y Quibdó aparecen entre los municipios que enfrentarían mayores dificultades durante la etapa de recuperación. A ellos se suman El Litoral del San Juan, Bajo Baudó, Medio Baudó, Tadó y Alto Baudó, en Chocó; Pereira, en Risaralda; y Sevilla y Trujillo, en Valle del Cauca.
La evaluación plantea que la reconstrucción deberá considerar estas diferencias entre municipios. No todos parten de las mismas condiciones para responder al desastre, por lo que la exposición al movimiento sísmico y la vulnerabilidad existente serán factores centrales al definir las prioridades de atención. El diagnóstico busca ofrecer una base para orientar las decisiones y concentrar esfuerzos donde las necesidades son mayores durante la recuperación.
Frente a este panorama, Claudio Tomasi, representante residente del Pnud en Colombia, destacó que la respuesta del Gobierno y las Naciones Unidas, acompañada por la solidaridad ciudadana, el respaldo internacional y el apoyo del sector privado, constituyó una base para avanzar en la recuperación. El organismo señaló que mantendrá su acompañamiento a las comunidades afectadas para recuperar servicios, fortalecer capacidades locales y reducir los riesgos futuros.
