El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil avanzó este martes hacia la confirmación de la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y de su jefe de Inteligencia, Leandro Almada da Costa, en el marco del escándalo que enfrenta a los propios integrantes de la corte por sus vínculos con el banquero encarcelado Daniel Vorcaro. La medida, dictada por el magistrado André Mendonça, obtuvo respaldo mayoritario en una sesión virtual de la Segunda Sala del tribunal, aunque el proceso quedó interrumpido antes de su cierre definitivo.
Según el fallo de 33 páginas al que accedió EFE, Mendonça ordenó el apartamiento por 90 días de ambos funcionarios al considerar que existen indicios de un “monitoreo sistemático” e ilegal contra su persona y contra el abogado general del Estado, Jorge Messias. El magistrado sostiene que la Policía Federal elaboró durante agosto al menos seis informes confidenciales, sin membrete oficial ni firmas, que recopilaban actuaciones y decisiones atribuidas a ambos funcionarios.
En la sesión convocada para refrendar la decisión, los jueces Luiz Fux y Kassio Nunes Marques adelantaron sus votos y se sumaron íntegramente a la posición de Mendonça, conformando una mayoría de tres de los cinco integrantes de la sala. El decano Gilmar Mendes, sin embargo, pidió vista del expediente, lo que suspendió temporalmente el análisis colegiado. El voto del quinto magistrado, Dias Toffoli, permanece pendiente. La liminar, no obstante, sigue vigente mientras se resuelve el referendo.
Mendonça dispuso además la paralización inmediata de la elaboración o circulación de cualquier informe de inteligencia sobre la actuación de jueces, de la abogacía pública o de la propia Policía Judicial. “Es urgente adoptar medidas destinadas a garantizar de manera efectiva las garantías institucionales”, afirmó el magistrado en su resolución. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, fue notificado para dar cumplimiento a la orden.
El origen de la crisis: el caso Banco Master
La suspensión de Rodrigues no puede entenderse sin el trasfondo que la origina: la investigación sobre el Banco Master, calificado por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “el mayor robo de la historia” del país. La entidad fue intervenida y liquidada por el Banco Central en el marco de la operación Compliance Zero, tras detectarse un fraude financiero que dejó una deuda superior a USD 7.000 millones a cientos de inversores. Su antiguo propietario, Daniel Vorcaro, fue detenido en noviembre de 2025 cuando intentaba abandonar el país en un avión privado.
La causa dio un giro cuando Mendonça, instructor del expediente, ordenó a la Policía Federal analizar los mensajes hallados en el teléfono incautado a Vorcaro. Entre ellos figura una comunicación del 15 de noviembre de 2025, dos días antes de su arresto, en la que el banquero preguntó a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes si debía “estar afuera” del país. La investigación policial también identificó un contrato de 131 millones de reales (unos USD 25,5 millones) firmado entre el Banco Master y el bufete de la esposa de De Moraes, Viviane Barci de Moraes, cuyos metadatos —según la Policía— muestran modificaciones realizadas por un perfil identificado como el propio magistrado.
De Moraes, que se convirtió en una figura internacionalmente conocida por haber llevado a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado, rechazó las pesquisas en su contra y solicitó a su vez investigar a Mendonça por presunta conducción irregular del proceso, apoyándose en uno de los informes policiales cuestionados. Ese cruce de acusaciones entre dos magistrados de la misma corte es el que derivó, este martes, en el apartamiento del jefe policial que los produjo.
Una corte dividida a un mes de las urnas
El episodio se produce a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre, en las que Lula da Silva buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, en una contienda ya marcada por la polarización. El presidente de la corte, Edson Fachin, había anunciado a inicios de mes que adoptaría “las medidas necesarias” tras conocerse los mensajes, mientras el fiscal general, Paulo Gonet —también mencionado en la documentación filtrada—, cuestionó que la investigación impulsada por Mendonça terminara enfocándose casi por completo en De Moraes.
La Policía Federal, pieza central en las causas contra la corrupción y el crimen organizado en Brasil, atraviesa así uno de los momentos de mayor tensión de su historia reciente, con su cúpula apartada por orden de la propia justicia que debía supervisar. El desenlace del voto de Dias Toffoli y la eventual revisión de Gilmar Mendes determinarán si la suspensión de Rodrigues se consolida o si el Supremo de Brasil profundiza una fractura interna que ya condiciona la recta final de la campaña electoral.
