Guayaquil (Ecuador), 2 sep (EFE).- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a cinco años de cárcel por recibir sobornos, pidió a la justicia la suspensión condicional de su pena, lo que le permitiría cumplir con una serie de obligaciones y medidas para sustituir su privación de libertad, lo cual será analizado el próximo lunes.
Al igual que el exmandatario, hicieron la misma solicitud su esposa, Rocío González; la hija de ambos, Irina Moreno; y sus hermanos Edwin y Guillermo; que recibieron dos años y seis meses de cárcel, además de otros siete condenados.
Las peticiones fueron ingresadas por los sentenciados el lunes, pero fue hasta este miércoles cuando se estableció que la diligencia será el lunes.
Moreno fue sentenciado el pasado viernes, junto a 19 personas más, por cohecho, pues un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) determinó que recibió sobornos para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.
Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario.
Los hechos ocurrieron a partir de 2010, cuando Moreno era vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).
Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que acusó al exmandatario y a su familia de recibir parte de los 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó para construir la hidroeléctrica, con una potencia de 1.500 megavatios, y para que la obra pueda llevarse acabo con financiamiento del Eximbank.
De acuerdo con los magistrados, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un "ámbito ajeno a su rectoría" con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios recibidos por su entorno familiar, algo que el exmandatario ha negado.
El expresidente y su familia invocan un artículo del código penal que estaba vigente al momento de los hechos y que permite suspender la ejecución de la pena de cárcel si se cumple con requisitos como que no exceda los cinco años o que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso, entre otros.
Ese artículo fue reformado en 2021 para excluir de ese beneficio a los sentenciados por delitos como cohecho.
Además de la pena de cárcel, los jueces ordenaron la "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público" de los sentenciados, así como la suspensión de sus derechos de participación durante el tiempo de la condena, que emitan disculpas públicas y que paguen una multa. EFE
