El expediente que investiga distintas maniobras posteriores al crimen de Blas Correas avanzó hacia una nueva instancia judicial. El juez de Control Gustavo Hidalgo confirmó la elevación a juicio de diez acusados, entre ellos el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera.
La causa no se centra en el ataque que terminó con la vida de Blas, sino en lo que ocurrió aquella madrugada del 6 de agosto de 2020 y en los días siguientes. La Justicia puso bajo la lupa la respuesta de varios policías, el manejo de pruebas y registros y la conducta de exfuncionarios de la cartera de Seguridad.
Entre los imputados están, además de Mosquera, Gonzalo Cumplido, Lucas Mezzano, Diego González, Emmanuel Fachisthers, Natalia Márquez, Melisa Escalante, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza y Víctor Di Stéfano.
Qué se les atribuye a los acusados
Una parte del expediente apunta a González, Fachisthers, Márquez, Escalante, Martínez y Toloza por su intervención cuando el Fiat Argo en el que viajaba Blas fue interceptado en Chacabuco y Corrientes.
La acusación sostiene que los efectivos habrían advertido que el adolescente estaba herido dentro del vehículo y, aun así, no habrían actuado de acuerdo con su obligación de proteger su vida. Por ese episodio llegan imputados por abuso de autoridad.
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En el caso de Natalia Márquez, se suma una acusación por lesiones leves calificadas cometidas en abuso de la función policial contra Camila Toci, otra de las jóvenes que iba en el auto. La causa incorpora un registro del móvil policial 8650 en el que, según la acusación, la agente habría pateado dos veces a Toci en el tobillo derecho con pocos segundos de diferencia.
Otro capítulo del expediente involucra a Mosquera, Cumplido y Mezzano. La hipótesis judicial señala que, el 10 de agosto de 2020, Mosquera y Cumplido se habrían reunido en una oficina de avenida Castro Barros al 100.
Según la acusación, en ese encuentro el entonces ministro le habría ofrecido a Cumplido sumarse más adelante a un equipo de colaboradores del Ministerio de Seguridad, además de un vehículo y tickets de combustible. Días después, entre el 13 y el 14 de agosto, Mezzano habría entregado un Toyota Corolla que Cumplido mantuvo hasta enero de 2021.
Por ese encuentro, Mosquera irá a juicio como presunto autor de presentación u ofrecimiento de dádiva, Cumplido por admisión de dádivas y Mezzano como presunto cómplice secundario de presentación u ofrecimiento de dádiva.
El arma plantada y los registros de video
Sobre Cumplido pesa además una acusación por encubrimiento por omisión de denuncia agravado. La causa sostiene que durante la madrugada del crimen recibió una llamada del comisario inspector Jorge Galleguillo en la que habría sido informado de que se había plantado un arma para alterar la escena y favorecer a policías involucrados.
Siempre según la hipótesis del expediente, Cumplido habría pedido que retiraran el arma, pero no habría denunciado lo sucedido.
La situación de Víctor Rubén Di Stéfano está vinculada al acceso a imágenes del caso. La acusación sostiene que, cuando estaba al frente de la Dirección Centro de Comunicaciones y Videovigilancia, habría permitido que jefes policiales vieran registros fílmicos pese a las normas de confidencialidad.
Con la elevación confirmada, el expediente será remitido a la Cámara 10ª del Crimen, que deberá intervenir en el juicio contra los diez acusados.
