El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, expresó disculpas por la interpretación que recibieron sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, después de que diversos parlamentarios cuestionaran sus palabras y una diputada presentara una denuncia constitucional en su contra. El funcionario sostuvo que había planteado un escenario hipotético y que no buscó respaldar una medida de ese tipo.
En una entrevista con RPP Noticias, Gutiérrez señaló que sus afirmaciones surgieron de un análisis sobre riesgos para la democracia en Perú. Aceptó, de todos modos, que sus palabras generaron incomodidad entre integrantes del Parlamento.
“Hice un hipotético relacionamiento de un escenario que no queremos como democracia”, afirmó el defensor del pueblo. Añadió que ese planteamiento era parte de un análisis, aunque reconoció que provocó reacciones de legisladores.
El titular de la Defensoría del Pueblo dijo que no cuestiona las críticas de quienes calificaron sus declaraciones como desafortunadas o como un desliz. Según explicó, considera natural que un demócrata reciba cuestionamientos frente a una opinión expresada públicamente.
“Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar”, sostuvo. Luego precisó que intentó aclarar que no quiso transmitir el sentido que se atribuyó a sus comentarios, aunque expresó una disculpa si esa fue la interpretación final.
“Naturalmente, yo dije ‘un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije’; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas”, enfatizó.
El defensor del pueblo defendió su facultad de analizar la realidad nacional
Las declaraciones de Josué Gutiérrez motivaron una denuncia constitucional presentada por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú (JPP). La legisladora sostiene que el defensor del pueblo habría incurrido en una presunta infracción de al menos cinco artículos de la Constitución.
De acuerdo con la información difundida por RPP Noticias, los artículos mencionados en la denuncia están vinculados con el deber de respetar y defender el orden constitucional, la separación de poderes y las competencias de la Defensoría del Pueblo.
Frente a esa acción, Gutiérrez planteó reparos de carácter jurídico. Señaló que el defensor del pueblo no tiene mandato imperativo y que esa condición le permite formular análisis, recomendaciones y planteamientos a partir de la realidad nacional.
“En lo jurídico, tengo mis reparos. En principio, el defensor del pueblo no tiene mandato imperativo y, por lo tanto, la conducción del mismo le permite hacer un análisis profundo sobre la realidad nacional y, a partir de eso, hace planteamientos y recomendaciones”, declaró.
El funcionario también indicó que las autoridades deben evaluar con cuidado el alcance de sus opiniones públicas. “Claro está que hay que ponderar y ser mesurados en las opiniones o declaraciones”, señaló.
Gutiérrez consideró que la controversia desvía la atención de asuntos que, según dijo, requieren una respuesta conjunta. Entre ellos mencionó la inseguridad ciudadana, a la que calificó como un problema que el país arrastra desde hace décadas.
“Esto nos lleva a discusiones insulsas, debemos estar hablando de temas elementales, como por ejemplo, cómo hacemos una mesa conjunta para enfrentar estos problemas que ya resultan siendo endémicos para nuestro país”, manifestó.
El defensor agregó que la inseguridad no surgió en los últimos meses ni en el último año. “Lo venimos arrastrando décadas”, expresó durante la entrevista.
Las palabras que provocaron el cuestionamiento en el Parlamento
La polémica se originó a partir de una entrevista concedida por Gutiérrez el 27 de agosto a RPP Noticias. En esa conversación, el defensor del pueblo habló sobre los riesgos que, a su juicio, enfrentaba la democracia peruana.
El funcionario sostuvo entonces que existían dos amenazas principales: la autocracia, que asoció con el radicalismo y el autoritarismo, y la anarquía. En ese marco, hizo referencia a los efectos políticos que podría tener la disolución del Congreso.
“Esto tiene un rigor probatorio muy alto y lo hemos visto ahora en este proceso electoral. La democracia está en peligro en el Perú por dos temas fundamentales: por la autocracia que es el imperio del radicalismo, del autoritarismo; y, por otro lado, de la anarquía”, afirmó en aquella oportunidad.
Gutiérrez añadió que ambos sistemas representaban una amenaza para la democracia. Después expuso lo que describió como una particularidad de la política peruana en relación con la percepción ciudadana sobre la disolución del Parlamento.
“Y resulta que en el Perú tenemos un caso curioso: el que se atrevió a disolver el Congreso, automáticamente, eleva sus puntos porcentuales de aceptación”, declaró. También señaló que quien intentó hacerlo podía tener capacidad de endose, como ocurrió, según dijo, durante un proceso electoral de segunda vuelta.
Tras la difusión de esas afirmaciones, la Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento el 28 de agosto. La institución sostuvo que las declaraciones de su titular habían sido difundidas fuera de contexto, pues se habría tomado solo una parte de la entrevista y no su contenido completo.
La entidad indicó que Gutiérrez se refirió a un caso hipotético basado en hechos históricos pasados. En el mismo comunicado, la Defensoría reiteró su rechazo a cualquier atentado contra el régimen democrático y sostuvo que ese tipo de hechos no conduce a un escenario positivo para Perú.
Según el pronunciamiento, el papel de la institución resulta relevante para la preservación del orden democrático. La denuncia constitucional presentada por Analí Márquez se produjo luego de ese deslinde institucional y de las críticas surgidas a raíz de las declaraciones del defensor.
