El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, emitió una contundente condena contra la dictadura de Managua tras la muerte del histórico líder indígena miskitu Brooklyn Rivera.
El alto funcionario estadounidense calificó los hechos y las posteriores represalias estatales como una muestras de «tiranía en su forma más cruel y cobarde», exigiendo la liberación inmediata de los allegados del dirigente que fueron arrestados por el simple hecho de reclamar sus restos mortales.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Segura denunció que las autoridades nicaragüenses no solo causaron y permitieron la muerte de Rivera bajo su tutela, sino que desencadenaron una nueva ola de arrestos arbitrarios contra la comunidad indígena.
Además, el subsecretario remarcó que prohibir el luto y perseguir la solidaridad familiar vulnera los principios elementales del derecho internacional humanitario.
Por lo que, el reclamo del funcionario exige la liberación incondicional no solo de los allegados directos de Rivera retenidos a raíz del sepelio, sino también de la totalidad de los presos políticos que permanecen en los centros de detención del régimen de Daniel Ortega.
La postura de la diplomacia norteamericana recalca que reclamar los restos de un ser querido constituye un derecho básico que no puede ser criminalizado bajo ningún pretexto gubernamental.
La muerte de Brooklyn Rivera tras 970 días en prisión
El trágico desenlace del exdiputado de la Asamblea Nacional y fundador de la organización indígena Yatama ocurrió el 30 de mayo de 2026, cuando contaba con 73 años de edad. Brooklyn Rivera permaneció durante más de 970 días bajo detención arbitraria y en situación de desaparición forzada.
Capturado por la Policía Nacional el 29 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bilwi, el paradero, la situación legal y el estado físico del dirigente fueron ocultados sistemáticamente a sus familiares y abogados durante casi tres años.
La administración estatal solo reveló el paradero de Rivera cuando se encontraba en estado crítico en un hospital capitalino, difundiendo imágenes donde su salud aparecía gravemente deteriorada. Tras confirmarse su deceso días después, el régimen de Daniel Ortega ordenó su inhumación inmediata en Managua.
Esta decisión se tomó denegando categóricamente la petición explícita de la familia para trasladar el cuerpo a su territorio ancestral, impidiendo que el pueblo miskitu le rindiera los honores comunitarios y despedidas según sus costumbres locales.
Ola de represión y secuestro a los familiares
La indignación internacional aumentó notablemente cuando las fuerzas de seguridad estatales arrestaron a los allegados y comunitarios que viajaron a la capital para exigir la entrega del cadáver.
Transcurridos varios meses desde los arrestos ocurridos el 31 de mayo, no se ha proporcionado ninguna información oficial sobre la ubicación, condición física o estatus legal de los detenidos. Aunque organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron inicialmente la detención de siete personas, verificaciones posteriores han confirmado la aprehensión de al menos seis a ocho ciudadanos de la comunidad miskitu.
Organizaciones de alcance global, tales como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), han activado sus alertas ante estos hechos. Paralelamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las causas del fallecimiento, señalando al régimen de Ortega por mantener a Rivera incomunicado y privado de atención médica externa supervisada.
